Reforma judicial: la oposición dice que costará tres veces más de lo que admite el Gobierno

En el interbloque de la coalición opositora advirtieron que incluyó sólo los sueldos de los funcionarios y no contempló las erogaciones por otros empleados, los gastos edilicios y de software, entre otros ítems. “El costo real estará más cerca de lo que estimó Juntos por el Cambio: más de $6.100 millones anuales”, ratificaron, con una aclaración: en ese caso la cuenta había sido hecha con más magistrados -326 en lugar de 310-, aunque con una menor antigüedad promedio que la del ministerio de Justicia y sin los gastos operativos como celulares oficiales, vehículos, custodias y papel, entre otros, por lo que los $6.100 millones anuales serían un piso.

Sobre una base de cálculo con camaristas de 27 años de antigüedad y 17 años en el caso de los jueces, la cartera conducida por Losardo estimó un costo anual de $1.939.138.630. Incluyó 15 camaristas, 23 jueces y 5 secretarios para la Justicia Federal Penal de la Ciudad, 56 fiscales y secretarios en el Ministerio Público Fiscal, 22 defensores y secretarios en el Ministerio Público de la Defensa y 94 jueces, 23 defensores y 85 fiscales en la Justicia Federal Penal del Interior.

Juntos por el Cambio había calculado $2.441.505.403 sólo por el costo de los nuevos cargos, con antigüedad de 10 años, para 310 magistrados y otros 598 funcionarios y empleados. Aparte, otro monto similar ($2.462.965.500) en infraestructura necesaria para implementar la reforma. Y otro ítem por $1.148.520.691 de gastos en tecnología y software, lo que arrojó un total de $6.052.991.594.

Afuera, a su vez, dejaron las erogaciones operativas de cualquier oficina (internet, luz, agua, escritorios, armarios, papel e insumos básicos) y los contratos de los funcionarios, como secretarias privadas y ordenanzas, además de celular oficial, vehículo y custodia.

El costo de la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo fue desde un comienzo uno de los ejes de la coalición opositora para argumentar el rechazo. “La llamada ‘reforma judicial’ que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $4.000 millones anuales”, marcaron los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio en un documento de principios de agosto, con una cuenta anterior a las modificaciones al texto, que agregaron más cargos.

Desde el oficialismo desestimaron los números de la oposición e insistieron en que no tendrá un impacto significativo en las cuentas públicas. “Para nosotros la Justicia no es un gasto, es una inversión. Tenemos que pensar cuáles es el costo de una Justicia ineficiente, no me hablen de costos insignificantes en un Presupuesto nacional”, había dicho Losardo en el plenario. “Es lo mismo que decir no tengamos escuelas porque es un costo”, sostuvo la ministra.

Los referentes partidarios y legislativos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica redoblaron la apuesta dos semanas después, con una carta que en la que le pidieron a Alberto Fernández el retiro del proyecto. “La gravedad de la crisis sanitaria que padece el país por el Covid 19, y la preocupación de todos los argentinos por las delicadas consecuencias económicas y sociales que estamos sufriendo y que seguramente sufriremos en el futuro, demandan que debamos concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos en tratar de mitigar y superar esos daños, para que el país pueda volver a producir y desarrollarse en paz”, aseguraron esa vez, luego de otra reunión virtual de la mesa nacional.

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