Pese a que Alberto Fernández había anunciado que “la TV paga” pasaba a ser un servicio público, con precios regulados por el Gobierno, finalmente sólo tendrá esa categoría la
televisión por cable, mientras que la TV satelital seguirá con el mismo marco regulatorio que tuvo hasta ahora.
Fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) confirmaron a Clarín que “la TV satelital no es considerada un servicio público por el nuevo DNU. Y tendrá congelado su precio hasta fin de año, al igual que el resto de los servicios”.
Esto significa que todos los servicios de TV paga tendrán sus precios congelados hasta fin de año, como estableció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el viernes pasado Alberto Fernández. Pero cuando arranque el nuevo año la TV por cable tendrá precios máximos, regulados por el ENaCom; mientras que DirecTV fijará los precios de sus servicios.
Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.
— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020
Es que el DNU de las telecomunicaciones establece que son un “servicio público” los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que incluyen a Internet, telefonía y televisión por cable, que están regulados por la Ley Argentina Digital.
Pero la nueva normativa dictada por Alberto Fernández dejó afuera de esa calificación a los servicios de la televisión satelital, que presta DirecTV, que están regulados por la ley de medios audiovisuales.
“No se entiende por qué el Gobierno actual nos castiga de esta manera, con una asimetría regulatoria que va a impedirnos competir contra DirecTV”, dijo a Clarín el directivo de un prestador de TV por cable del interior del país. Y agregó: “El sector de la TV paga debería tener el mismo marco regulatorio para todos, sin beneficios para una empresa extranjera, que pertenece a AT&T”.
Sin embargo, fuentes de la industria más afines al prestador de TV satelital consideraron que el ENaCom no va a permitirles fijar libremente los precios. “Así como los incluyó en el congelamiento de precios, junto con el resto de empresas de la TV paga, no suena razonable que después no tengan que validar sus precios con el ENaCom”, estimó.
A medida que pasan los días se van conociendo nuevos detalles de cómo se implementará el DNU. Según trascendió de fuentes oficiales, el ENaCom fijará “precios máximos” para los servicios de Internet, telefonía y TV por cable. Pero se está discutiendo la metodología que utilizará, para ver si esos precios máximos serán por empresa o por servicios, así como las diferentes prestaciones que tendrán que incluir las empresas.
“El límite que nos impusimos para reglamentar el DNU es fines de noviembre, ya que las empresas tienen que notificar con 30 días de anticipación a sus clientes los aumentos de precios”, dijo una fuente oficial.
Desde el ENaCom aclararon que, más allá de esa reglamentación, el DNU congela los precios hasta fin de año. Así que “los precios serán los que se cobraban hasta el 31 de julio. En caso de que los usuarios reciban una factura con fecha posterior a la indicada y con un incremento aplicado, la empresa tendrá que emitir una nota de crédito con la diferencia correspondiente en la siguiente facturación”.
La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) difundió un comunicado, bajo el título “El DNU frena inversiones y limita espacios de expresión”. Allí la entidad planteó que “la declaración como servicio público de la TV paga y el acceso a Internet, entre otros servicios, de ninguna manera garantiza la equidad en el acceso y ejercicio de los derechos digitales y de la libertad de expresión”.
“Un cambio radical y unilateral en las reglas de juego del sector, en el cual el Estado interviene de manera coactiva en la operación de las empresas que brindan los servicios TIC, afecta la seguridad jurídica y pone un freno a su desarrollo. Lo cual resulta a contramano de la legislación regional y mundial; y al restringir las decisiones de las empresas, perjudican la calidad y expansión de los servicios, y a los clientes que se comunican e informan por ellos”, planteó ATVC.
“En ningún país del mundo se regula como servicio público a la TV paga. Un esquema de servicio público es desaconsejable cuando entra en juego la libertad de expresión. Por nuestras redes fluyen contenidos. Regulando los precios se frenan inversiones de una industria pionera y también se limitan los espacios de expresión comunitaria”, agregó ATVC.
La entidad también cuestionó el beneficio del DNU de Alberto Fernández para Netflix y Spotify, a las que se les mantiene el marco regulatorio, no se les congelan sus precios ni se les van a poner precios máximos.
“Se agrandarán las enormes asimetrías competitivas que ya existen con las plataformas de distribución de contenidos totalmente extranjeras, que no producen contenidos locales, que no realizan inversiones en infraestructura, no pagan impuestos ni tasas regulatorias, ni tampoco están radicadas en el país”, concluyó la entidad representativa de la TV paga.
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