El abogado de Leandro y Melina Báez, Alejandro Baldini, sufrió ayer un misterioso robo en su camioneta en Río Gallegos donde desconocidos se llevaron copias del alegato que
está preparando para el juicio oral de la Ruta del Dinero K, la cédula verde de su Amarok, y otras cosas más. Baldini es socio de Roberto Herrera, quien es abogado del financista Leonardo Fariña y del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.
En medios judiciales llamó la atención que la policía de Santa Cruz “no encontró una sola huella” en la camioneta como si hubieran sido profesionales y no ladrones comunes. La alarma de la camioneta no se accionó porque seguramente tenía un inhibidor.
Baldini dijo por teléfono a Clarín que ya hizo la denuncia y que los ladrones “se llevaron la caja con documentación, pero tiraron en la esquina, mientras huían los documentos de la camioneta”.
Contó que ayer se reunió con los hijos de Lázaro Báez para analizar si sumaban o no esa documentación al alegato para trazar la estrategia que desarrollará la semana próxima. Leandro y Melina están distanciados de su padre, el dueño de Austral Construcciones y socio de los Kirchner.
Baldini dijo que por suerte el robo fue grabado por una cámara de seguridad de un comercio y que se ve como los dos desconocidos ingresaron a su Amarok por la puerta de atrás, revolvieron todo y se llevaron la caja con documentos de la causa.
“No sé si es un “mensaje” por el día del abogado o por la defensa que hago de los hijos de Báez pero este hecho se debe esclarecer”, agregó. El mensaje mafioso fue que se llevaron un cepillo para peinar. Baldini es obsesivo con su peinado. “Los ladrones me dijeron que conocen mis movimientos y costumbres con ese robo”, dijo.
El robo a Baldini se produjo a más de un mes del asesinato del ex secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez, entre otros hechos de espionaje y violencia que rodeaban al juicio de la Ruta del Dinero K que se encuentra en su última etapa. Además, el mismo Manzanares había sido amenazado a través del GPS de su tobillera electrónica.
En marzo, dos desconocidos desde una moto baleó el auto de Herrera, junto a su socio Alejandro Baldini, en un barrio de la Capital Federal.
Herrera se presentó ante la fiscalía número 11, a cargo del fiscal Quiroga, de la localidad de Villa Madero, Buenos Aires, donde denunció oficialmente el hecho. Los dos motoqueros anónimos lo sorprendieron cuando llegaba la casa de la madre de su hija a bordo de un Audi blanco, le alertaron respecto a las acciones que podría tomar contra Báez, sacaron un arma y balearon el guardabarros de su vehículo. Herrera aseguró que los atacantes aprovecharon el desconcierto para tomar del piso el casquillo de la bala mientras se iban del lugar a toda velocidad.
Herrera describió el incidente así ante la consulta que le hizo sobre el incidente denunciado: “Yo estaba estacionando en la casa de la mamá de mi hija, había ido a tomarme la presión porque ella es médica. Llegué, se paró una moto al lado mío, con dos masculinos con cascos, uno sacó una pistola y me dijo: ‘Ojo con lo que vas a hablar de Lázaro’. Yo les contesté: ‘¿Qué?’. Y ellos me dijeron: ‘No te hagas el pelotudo’. Me tiraron el tiro, se baja de la moto y se lo llevó”. El caso aún está impune.
La moto fue encontrada y pertenece a un abogado penalista que fue citado a declarar tres veces y no se presentó ni siquiera a retirar el vehículo, contó Herrera.
La denuncia del atentado con balazo incluida que realizó el doctor Herrera coincidió con otra denuncia que realizó junto a su socio Baldini, ante las autoridades del Tribunal Oral Federal 4, quien está a cargo del juicio de La Ruta del Dinero K.
En ese escrito, los abogados aseguraron que habían recibido amenazas de diferente tipo de parte de un grupo de abogadas ligadas al ex socio de los Kirchner Fariña, por su parte, fue el arrepentido que más ayudó a que la Justicia pudiera reconstruir lo que las tres querellas de los organismos del Estado consideran que está probado. Que Báez lavó alrededor de 60 millones de dólares de origen ilegal. Tanto los abogados de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), aun bajo gobierno peronista, mantuvieron sus posiciones jurídicas y solicitaron que Báez debía ser condenado en esta causa.
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