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Los tribunales de Estados Unidos podrían expedirse favorablemente sobre la extradición a Argentina del exmarino Roberto Guillermo Bravo, el único acusado por la Masacre de Trelew que aún no fue juzgado por los fusilamientos de 16 militantes políticos ocurridos hace 48 años en la base Almirante Zar de la Armada, estimaron los querellantes de la causa.
“Creemos que este año puede haber definición por parte de la Justicia de Estados Unidos sobre la extradición de Bravo. Hay un dictamen favorable del fiscal. Somos optimistas”, señalo a Télam el abogado Eduardo Hualpa, representantes de los familiares en esta causa.
El letrado, que sigue la causa desde Chubut, consideró en ese sentido, que la corte del Distrito Sur del Estado de Florida podría pronunciarse “en cualquier momento” sobre la situación de Bravo para que sea juzgado en Argentina.
El exoficial de la Armada está acusado por los asesinatos de 16 presos políticos cometidos el 22 de agosto de 1972 en Trelew, durante el gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse.
Una semana antes, las cúpulas de las organizaciones armadas ERP, FAR, y Montoneros ejecutaron una fuga del penal de Rawson, en Chubut, donde sus principales dirigentes se encontraban detenidos.
Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna lograron llegar al aeropuerto de Trelew, tomar un avión y escapar hacia Chile, donde pidieron asilo político al gobierno de Salvador Allende.
Pero otro grupo de 19 guerrilleros no logró subirse a ese avión y fue capturado en el aeropuerto para luego ser conducido a la base Almirante Zar.
En la madrugada del 22 de agosto, fueron asesinados Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
En tanto que María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar lograron sobrevivir de esas ejecuciones que según los mandos de la Armada se llevó a cabo para evitar un segundo intento de fuga.
Pero en 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia desestimó esa versión y condenó Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por esas ejecuciones, al declararlas como delitos de lesa humanidad, y por ende de carácter imprescriptible.
En 2010, la Justicia argentina requirió su extradición, pero los tribunales de los Estados Unidos desestimaron el trámite”
Pero Bravo, que al momento de los hechos ostentaba el grado de teniente, no pudo ser juzgado por esas acusaciones porque se encontraba prófugo en los Estados Unidos.
Un año después de la Masacre, la Armada lo envió como agregado militar a los Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía y se convirtió en un próspero hombre de negocios que obtuvo contratos con el Departamento de Defensa de ese país.
En 2010, la Justicia argentina requirió su extradición, pero los tribunales de los Estados Unidos desestimaron el trámite. En 2014, con una condena en primera instancia sobre la causa, las autoridades argentinas volvieron a reclamar la comparecencia de Bravo.
A fines del año pasado, Bravo fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur de La Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares, según fuentes de las querellas.
“Ya pasaron seis meses desde la audiencia de extradición. Consideramos que todo está dado para que se produzca una decisión”.”
Sol Hourcade
El 9 de marzo, se realizó una audiencia en la Corte de La Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que “Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa”.
La decisión está en manos del juez Edwin Torres, que podría expedirse de “un momento a otro” sobre la situación del acusado.
“Si bien esta corte no tiene plazos para expedirse, ya pasaron seis meses desde la audiencia de extradición y consideramos que todo está dado para que se produzca una decisión”, indicó a Télam la abogada Sol Hourcade, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en esta causa.
En tanto, en la Justicia Argentina, las condenas por la Masacre de Trelew fueron confirmadas en 2014 por la Cámara de Casación Penal y para que queden firmes se aguarda una decisión de la Corte Suprema, que todavía no se expidió pese a que ya existe un dictamen en ese sentido emitido por la Procuración General de la Nación.
