Dos ex funcionarios ecuatorianos bajo el gobierno de Rafael Correa solicitaron refugio político en la Argentina, pudo confirmar Clarín este lunes. Y ambos ya están en el país.
Uno de ellos es el ex agente de inteligencia Raul Chicaiza, que testificó por un secuestro cometido durante la administración de Correa y otra es Diana Falco, también policía. Ambos estuvieron presos por ese caso y quedaron bajo el sistema de protección de víctimas de testigos al recuperar la libertad en 2019.
Chicaiza fue uno de los sentenciados por el secuestro del activista político Fernando Balda. El hecho ocurrió en Colombia, en el 2012. Balda era un opositor a Correa y por su secuestro un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a nueve años de prisión al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero.
Al mismo tiempo, como reveló Clarín a mediados de agosto, María de los Ángeles Duarte Pesantes, exministra de Obras Públicas de Correa, entró a la Embajada argentina en Quito y desde allí está pidiendo asilo. Pesantes está sentenciada en primera instancia por corrupción en Ecuador. Y según las autoridades argentinas se la alberga allí “por razones humanitarias”.
El ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano le reclamó al canciller Felipe Solá por Duarte Pesantes. Pero el ministro argentino actuó con cautela y no respondió en público.
Fuentes del gobierno argentino señalaron a Clarín que mientras que con Duarte Pesantes la situación permanecía igual, con e evaluaría la situación de Chicaiza y Falco. Ambos fueron procesados y pasaron pocos meses en prisión tras pasar a ser cooperantes de la justicia como testigos protegidos.
Rafael Correa está condenado en Ecuador y vive exiliado en Bélgica. Foto: AFP
El gobierno de Alberto Fernandez y el de Lenin Moreno no tienen vínculos. El presidente argentino y su vicepresidenta Cristina Kirchner han reivindicado varias veces su amistad con Correa -que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Lo consideran una víctima de una persecución política jurídica conocida como el “lawfare”.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ratificó una condena de ocho años de prisión por un delito de cohecho y a pagar una indemnización como “autor” del mismo al propio Correa, imputado por el caso “Sobornos 2012-2016”, en el que está involucrada Duarte Pesantes, la ex funcionaria que alberga la embajada argentina en Quito. Correa vive en Bélgica ahora, y no asistió tampoco a su llamado a juicio por el caso Balda, como supuesto autor del secuestro.
La embajada de la Argentina en Ecuador está sin jefatura desde fines de 2015. El Gobierno ha propuesto a un candidato -cuyo nombre no pudo conocer este diario- y a quien la administración de Moreno no le dan el plácet aún.
Chicaiza apareció este lunes en una videoconferencia desde Argentina, reportó la prensa ecuatoriana. En esta denunció que lo han amenazado con involucrarlo en “presuntos casos delictivos para salpicar a candidatos en las próximas elecciones. Además, dijo que cuando involucró a Correa en el supuesto secuestro de Balda fue “porque lo amenazaron con no aplicarle los beneficios de Cooperación Eficaz con la Justicia y enviarle a prisión nueve años si no declaraba” que el ex presidente instigó la operación”.
Chicaiza señaló directamente al fallecido Julio César Trujillo, quien fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana, como el autor de esas presuntas amenazas.
“El refugio que se solicitó a la república de Argentina es porque Fiscalía nos amedrentaban y nos amenazaban a través de la Fuerza de Tarea y de la Unidad de Apoyo de Fiscalía, (de) que se nos iba a implicar en otro caso para neutralizar a candidatos en el proselitismo político que se está aproximando en Ecuador”, insistió.
El caso de Balda fue juzgado en Colombia. El secuestro fue en realidad frustrado por la Policía colombiana después de 90 minutos gracias a las advertencias de unos taxistas. Después lo reabrió la Justicia de Ecuador Falcón y Chicaiza se confesaron partícipes en la trama.
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