La operación Lava Jato, que desde 2014 ha destapado numerosos escándalos de corrupción en Brasil y el resto de Latinoamérica, vive su
momento más delicado, en medio de presiones y críticas tanto dentro como fuera del Ministerio Público.
La renuncia por motivos familiares del fiscal jefe de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, anunciada el martes, supone un nuevo interrogante en el devenir de la operación que sacudió los cimientos de la política brasileña con sus investigaciones.
Lo que empezó siendo un caso de blanqueo de capitales a través de gasolineras acabó en una orgía de dinero sucio, millonarios desvíos de recursos de empresas estatales y, en definitiva, en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, con ramificaciones en Latinoamérica y algunos países de África.
Sus más de 500 denuncias y 250 condenas se transformaron también en un movimiento político que supo aprovechar el hoy presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pero hoy el futuro de la Lava Jato es incierto.
Las caras visibles, bajo sospecha
Dallagnol lideró desde el inicio el grupo de fiscales dedicados exclusivamente a los casos de la Lava Jato, cuyo centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Curitiba, en el sur del país.
Del lado de los tribunales estaba el juez de primera instancia Sergio Moro, encargado de dictar sentencias sobre los hallazgos del equipo de Dallagnol, y quien, por su carácter implacable, se convirtió en uno de los rostros más populares del país.
Juntos llevaron a prisión a numerosos empresarios y políticos, entre ellos al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). A medida que se destapaban las tramas de corrupción, Dallagnol y Moro recibían premios internacionales y el reconocimiento de una sociedad ahogada por la crisis económica.
Moro, de hecho, se convirtió en 2019 en el ministro de Justicia de Bolsonaro, adversario político de Lula, aunque renunció este año tras acusar al líder ultraderechista de interferir ilegalmente en la Policía Federal, que tiene en la mira a los hijos políticos del gobernante por diversas irregularidades.
Pero en los últimos años ambos han encajado varios reveses que han generado dudas sobre su imparcialidad y su imagen de último guardián de la Justicia.
Dallagnol afronta una treintena de investigaciones internas en el Consejo Nacional del Ministerio Público, buena parte de ellas con origen en una serie de reportajes de The Intercept Brasil, en un escándalo conocido como “Vaza Jato”.
El portal publicó en 2019 conversaciones escritas entre Dallagnol y otros fiscales de la Lava Jato, y Moro, que sugieren que el antiguo magistrado orientó, de forma ilegal, las investigaciones, y siembran la sospecha sobre el carácter selectivo de las mismas en función de quién era la persona a ser investigada.
Esas revelaciones reforzaron el discurso de los partidos progresistas que acusaban a la operación de extralimitarse judicialmente e impedir la vuelta al poder de Lula, privado de participar en las elecciones de 2018 tras ser condenado por Moro y después por un tribunal de segunda instancia.
Fracasos
En paralelo, empezaron a multiplicarse las decisiones en cortes superiores que contrariaban a la Lava Jato, especialmente en el Supremo.
Los once magistrados de alto tribunal suspendieron el ingreso en prisión de los condenados en segunda instancia, una de las banderas de la Lava Jato, lo que permitió la excarcelación de Lula y otros presos y responder en libertad hasta agotar las apelaciones, lo que puede demorar años.
También propiciaron la anulación de algunas sentencias después de detectar fallos procesales en los juicios relacionados con la operación.
Y tiene pendiente de análisis un recurso interpuesto por la defensa de Lula que acusa a Moro de parcialidad y que podría, en última instancia, anular las dos condenas por corrupción que pesan sobre el ex jefe de Estado.
El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, en noviembre del año pasado. Fue el preso más “ilustre” del Lava Jato. Foto DPA
A todos esos golpes judiciales se unen las críticas del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, designado por Bolsonaro el año pasado y quien, sobre el papel, tiene competencias para prorrogar o disolver la Lava Jato.
Aras ha atacado los métodos de los fiscales de Curitiba, a los que acusó de ser “una caja de secretos” con “50.000 documentos” bajo la más completa “opacidad”. Los 14 procuradores de la Lava Jato, con Dallagnol al frente, rebatieron esos comentarios y otros más que le siguieron.
“Es la hora de corregir los rumbos para que el ‘lavajatismo’ no perdure”, sentenció Aras en julio pasado en una videoconferencia con abogados en la que afirmó que durante su gestión buscará acabar con la imagen “punitiva” del Ministerio Público.
La resolución del embate tiene como fecha límite el 10 de septiembre, cuando termina la operación. Sus miembros ya han pedido una prorroga de un año. Alegan que aún hay muchas investigaciones en curso.
La subprocuradora Maria Caetana Cintra, integrante del Consejo Superior del Ministerio Público Federal, sorprendió en la víspera al pasar por encima de Aras y dictar, con carácter cautelar, la continuidad del grupo de trabajo, aunque la decisión final previsiblemente será tomada por el pleno de ese órgano.
Por su parte, el substituto de Dallagnol, Alessandro José Fernandes de Oliveira, de perfil más discreto y ponderado, pidió la continuidad de la operación y avisó: “Un equipo que gana no se toca”.
Carlos Meneses Sánchez. Agencia EFE
PB
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