El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, prometió cárcel para quienes tomen ilegalmente tierras públicas o privadas. “Van a ir presos”, dice el funcionario mientras el gobernador, Axel Kicillof, asegura que “están denunciando
y deteniendo a los que especulan usando la necesidad de la gente”.
Berni avanzó en el discurso duro y se diferenció del Gobierno nacional que a través de la ministra de Seguridad había advertido que las tomas no son un tema de esa área. Para Berni “la propiedad privada es algo que no se discute”, en la Provincia.
En simultáneo, el gobernador tiene una postura más moderada. Propuso una revisión “caso por caso”. “No hay que generalizar”, advirtió el lunes pasado. Y habló de realizar programas contra el déficit habitacional.
Demolieron dos construcciones que se habían realizado para ocupar una plaza pública en Fuerte Apache.
Kicillof aparece más cercano a las posturas de Frederic, quien declara que las tomas de tierras no son una cuestión de seguridad. El gobernador remite antes que nada al problema de la pobreza: “Al que tiene necesidad de una respuesta habitacional, buscaremos una solución para que acceda a la vivienda. A los que están especulando con otros fines los detenemos, como este fin de semana”, dijo en referencia a las siete aprehensiones en Melchor Romero, La Plata.
Existe un abismo entre la intención de solucionar el déficit habitacional y la demanda. Según la subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda bonaerense, hay 450.000 familias viviendo en asentamientos. Allí convive la necesidad, los manejos políticos, las mafias y el negocio inmobiliario subalterno, precario, oscuro e indocumentado.
Berni asume que muchas de esas acciones están organizadas. Ayer aseguró que hay “diferentes tipos de tomas” de tierras, tanto por motivos habitacionales, como otras situaciones en las que algunos “vivos se organizan para sacar provecho”. En ese punto es cuando amenaza con ponerlos presos. “Todas las noches desarticulamos entre una y dos tomas”, dijo. “Los aprovechados de la necesidad de la gente toman esos terrenos los venden, empiezan a haber abogados, contadores”, aseguró.
En Villa Mascardi los vecinos cortaron la ruta 40 en protesta por las tomas de tierras de supuestos mapuches. Foto Marcelo Martínez.
Berni también apuntó a la Justicia que “no actúa”. Remitió a la orden de tribunales para la actuación policial, como auxiliares de los fiscales o jueces actuantes. No obstante, los efectivos pueden actuar en flagrancia. Es decir, en pleno comienzo de la intrusión. Nada de eso pasó, por ejemplo, en la usurpación del campo de 155 hectáreas en la localidad de Los Hornos, en La Plata. Allí, la Gendarmería y la Policía provincial realizó una vigilia pasiva mientras, por goteo, mil familias se establecieron sin obstáculos.
El municipio platense encabeza el ranking de tomas en los últimos años. Hay 268 asentamientos. Casi duplica a La Matanza (150). En la capital se desarrollaron 41 tomas en menos de seis meses.
Guernica, en Presidente Perón, es el último aluvión gigantesco. Cien hectáreas perforadas por la intrusión, para mortificación de la intendenta Blanca Cantero. Con culpas repartidas, según las denuncias, entre el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, el CTEP, de Juan Grabois, y otras organizaciones que habrían acercado la logística.
Unos 14 detenidos por ocupar ilegalmente un terreno la Provincia.
En toda la Provincia hay 1.800 asentamientos. Un millar en el AMBA. María Eugenia Vidal había anticipado un plan de urbanización de villas. Inconcluso. Kicillof anunció ayer la terminación de un programa de 5.500 viviendas y el comienzo de otras 2.500. El ministro de Obras Públicas, Agustín Simone, tiene la carpeta con prioridades.
Aunque no alcanza para calmar la frágil situación habitacional, Kicillof intenta aportar una salida que lo aleje de la discusión delito- coerción.
La oposición asoma con alguna ventaja en esta cuestión. En el parlamento provincial Juntos por el Cambio ensaya cómo capitalizar el momento político. Acaba de presentar un proyecto para el quite de subsidios a aquellas personas que usurpen terrenos. La iniciativa es similar a la idea de Sergio Massa, en el Congreso Nacional, con el retiro de AUH e IFE para ese tipo de transgresiones.
El riesgo, suponen, es el distanciamiento del irritable humor social. En cambio, la oposición cree sintonizar el ánimo de gran parte de la población. Allí habría una percepción sobre un avance sobre la propiedad privada. Y también del patrimonio público del Estado. En la Provincia una cuarta parte de las tomas es en propiedades estatales, la mayoría de ramales ferroviarios inutilizados.
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