Tras la identificación de los restos hallados el pasado 15 de agosto, el expediente por la muerte de Facundo Astudillo Castro comenzará a atravesar en las próximas horas, días y semanas el tramo de la investigación que apunta a determinar los causales del deceso del joven de 22 años, que estaba desaparecido desde el 30 de abril. Entonces se lo vio vivo por última vez, en un control de la Policía Bonaerense, en un retén dispuesto en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
En el marco de ese tramo de la investigación, y en medio de cuestionamientos de la querella al fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, comenzaron a trabajar en el caso dos titulares de unidades especiales del Ministerio Público Fiscal (MPF). Su participación se presenta como la opción de un mayor fortalecimiento institucional de la investigación. En especial porque Ulpiano Martínez fue recusado en dos oportunidades por la querella que representa a Cristina Castro, la mamá de Facundo, pero la jueza del caso, María Gabriela Marrón, rechazó los pedidos.
Este miércoles por la mañana, Marrón confirmó que el cuerpo encontrado en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri pertenece a Facundo, según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
“Las querellas de Cristina Castro informan que en la audiencia realizada de manera remota la jueza federal María Gabriela Marrón confirmó que, según el cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los restos encontrados el 15 de agosto corresponden a Facundo Astudillo Castro”, según informaron en un comunicado oficial difundido a través de las redes sociales de la CPM. Los motivos de la muerte recién serán develados en aproximadamente un mes, cuando estarán listos los resultados de la autopsia practicada a los restos del joven.
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En paralelo continuará la investigación a la que se sumaron recientemente los fiscales, Andrés Hein y Horacio Azzolin, designados por el procurador interino Eduardo Casal, quien la semana pasada se reunió con Cristina Castro, la mamá de Facundo, y sus abogados.
Hein está a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y es un hombre de larga carrera judicial, en la que entre otras cosas fue prosecretario administrativo en la Procuración General de la Nación y secretario en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Desde allí, en diciembre de 2017, salió rumbo a la jefatura de fiscales, adonde asumió como fiscal general, actividad que compatibiliza con la docencia en la Facultad de Derecho (UBA). Por su parte Azzolin, también cuenta con una nutrida experiencia en tribunales, y es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que apunta a fortalecer todo lo relativo a informática, en este caso vinculado a teléfonos, redes y distintas comunicaciones que pudo haber habido.
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Del caso también participa la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), de la Procuración, que cuenta con la participación de distintos departamento como el de Cuerpo de Investigadores y un Departamento Laboratorios Forenses, que nuclea los laboratorios de Medicina Legal, de Criminalística, de Informática, de Análisis de Telecomunicaciones, de Análisis de Redes Sociales y gestión de software, de Análisis documental y contable y de Análisis de Audio y Video.
La reunión entre Casal y Cristina Castro se concretó la semana pasada, luego del hallazgo del cuerpo y mientras se esperaba su identificación. Casal, embestido por distintos frentes del oficialismo que buscan desplazarlo de la jefatura de fiscales, pasó más de cuatro horas junto a Castro y sus abogados. Allí incluso, Juan Manuel Olima, encargado de Coordinación Institucional de Procuración, fue quien tomó una declaración a Cristina, en la que mujer relató toda su búsqueda y denunció a Ulpiano Martínez, ante la secretaría Disciplinaria y Técnica a cargo de Juan Casanovas.
CD / DS
