
Con la reanudación de declaraciones testimoniales, la Policía Federal al margen de la investigación y un organismo de la Procuración como coordinador de todas las acciones, la causa que
investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro ingresa esta semana en una nueva etapa. Lo hará ya con tres fiscales a cargo, uno en Bahía Blanca y dos en Capital Federal. Y por ahora, con la misma jueza.
La confirmación de las primeras horas del sábado de que la magistrada María Gabriela Marrón tiene Covid-19 no la marginará del caso. “Se encuentra bien y mientras su estado de salud lo permita, seguirá a cargo de manera remota desde su domicilio”, explicaron desde la Cámara Federal de Bahía Blanca sobre la situación de la titular del Juzgado Federal 2 de la ciudad.
En la sede de Belgrano 272 tampoco se prevén demasiados cambios. Desde el levantamiento de la feria por parte de la Corte Suprema, la limpieza y sanitización del edificio es diaria, incluso con un refuerzo este domingo, tras el caso positivo de la jueza.
Con el trabajo remoto de algunos funcionarios y empleados, la limitación de las audiencias y de la cantidad de personas por ambiente, además del uso obligatorio de barbijo, la rutina de trabajo en el juzgado no se interrumpirá.
Lo mismo ocurrirá en el edificio de Alsina 317, donde está instalada la fiscalía federal 1, que subroga Santiago Ulpiano Martínez. Desde julio, la causa le había sido delegada por la magistrada, por lo que es el fiscal quien dirige la investigación.
“En este tiempo, Marrón actúa como jueza de Garantías de la provincia, que autoriza allanamientos o detenciones y vela por el respeto del debido proceso”, explicó una fuente sobre el rol menos cotidiano y más puntual del Juzgado.
Para este lunes está previsto que Martínez, junto a Andrés Heim y Horacio Azzolin, los nuevos fiscales del caso, le tomen declaración a la ex novia de Facundo.
Centenares de personas, entre familiares, vecinos y amigos de Facundo Astudillo Castro, acompañaron esta tarde al cortejo desde la sala velatoria de la localidad de Pedro Luro hacia el cementerio municipal, donde fueron inhumados los restos del joven de 22 años. Foto Télam.
Será la tercera vez que la chica deba responder preguntas sobre el caso. Ya lo hizo ante una fiscalía provincial, que se declaró incompetente el 8 de julio y ante la justicia federal. “Martínez había pedido que declarara de nuevo y no entendemos por qué”, señalaron desde la querella particular.
En igual sentido evaluaron la nueva citación a dos amigos de Facundo, prevista para este inicio de semana. Son quienes estuvieron con él en Pedro Luro la noche previa a su partida hacia Bahía Blanca. Al día siguiente, 30 de abril, pasadas las 20, uno de ellos recibió un mensaje de texto desde el teléfono del joven de 22 años. Fue la última actividad corroborada desde esa línea.
Para los próximos días se esperan otras declaraciones testimoniales, entre ellas, la del hombre que dijo saber quién era la mujer que había levantado a Facundo en la ruta 3, pasando Teniente Origone. La testigo E.R., de identidad reservada, declaró el 14 de julio que lo subió a su camioneta en el kilómetro 757 y lo dejó antes del puesto fitosanitario, a la altura del kilómetro 714.
Este testimonio, clave para la hipótesis de que Facundo se internó solo en la zona de Villarino Viejo donde apareció muerto, es objetado por las querellas, que apunta a la Policía Bonaerense como responsable del caso. Aseguran que se contradice con dichos del policía Alberto González, que requisó al chico y lo dejó seguir en el kilómetro 750 y fue introducido por los agentes Mario Sosa y Siomara Flores, también sospechados.
La Policía Federal ya remitió a la fiscalía el resultado de las tareas de cronometraje realizadas para verificar los datos aportados por testigos que declararon sobre ese y otros puntos discordantes de la causa. Fue antes de que el equipo fiscal dispusiera correr a esa fuerza de la investigación y solicitarle todos los elementos e informes con que cuenta “en el estado en que se encuentren y con la cadena de custodia preservada”.
Entre las últimas tareas encomendadas a la PFA estaba la inspección a los dos últimos patrulleros secuestrados y el análisis de los libros de guardia y tres teléfonos incautados en el puesto de la Policía Local de Bahía Blanca. También la División Búsqueda se hallaba abocada a dar con testigos sobre los movimientos en proximidades del sitio donde apareció el cadáver de Facundo, los días previos al 15 de agosto y en torno al 8 de mayo.
El sepelio de Facundo Astudillo Castro, en medio del dolor de Cristina Castro y sus allegados. Foto Télam.
Este último día, el móvil 20.610 de la Policía bahiense estuvo durante 35 minutos estacionado a unos 800 metros del lugar, en el distrito de Villarino. Luego el GPS registró “saltos extraños” en el retorno a su jurisdicción.
El martes pasado, el perro Yatel, del perito de parte Marcos Herrero, marcó “presencia odorífera” de Facundo a bordo de ese móvil, tras morder y romper un asiento. Su análisis quedó pendiente, por la decisión tomada el jueves por Martínez, Heim y Azzolin sobre la Federal.
Ahora, toda la información será concentrada y coordinada desde la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El organismo, que depende de la Procuración, no solo se encargará de los estudios periciales de todas las especialidades, sino que también en base a un análisis integral de la causa, sugerirá medidas a los tres fiscales.
La DATIP ya tenía a su cargo el estudio del contenido de los 31 DVDs con información extraída de los teléfonos secuestrados a González, Sosa, Flores y Jana Curuhinca, la cuarta agente policial sospechada.
También la semana pasada realizó la desintervención y extracción de datos de la línea telefónica incautada al oficial Jorge Agustín Galarza. Dos veces dijo que vio a Facundo en Bahía Blanca y la tercera declaración fue interrumpida, debido a las contradicciones en que estaba incurriendo, por lo que se le abrió un proceso por falso testimonio.
EMJ
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