El Gobierno rescinde concesiones y casi no quedarán rutas en manos privadas

creen que el Poder Ejecutivo nacional sólo quiere al Estado como actor en este esquema.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, tiene bajo su área la dirección de Vialidad Nacional. Clarín había adelantado, en su edición del 3 de junio, que se quería terminar con el régimen de Participación Público Privada (PPP) y rescindir concesiones en seis corredores viales.

Obras Públicas intimó a las empresas que en junio de 2018, en el marco del régimen de PPP contemplado por la ley 27.328, resultaron adjudicatarias de las licitaciones para llevar a cabo obras de infraestructura 3.500 kilómetros de rutas, focalizadas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Mendoza. Hubo una instancia de negociación tras esa intimación, pero los privados cuentan que el Poder Ejecutivo no quiere continuar con ese diálogo.

Los seis corredores viales fueron adjudicados en 2018. Según Vialidad Nacional el avance fue menor al 2% del total de la obra. De esta forma, el plan para lograr 7.500 kilómetros de rutas a través de una combinación de capitales públicos y privados fue dejado de lado.

La anterior gestión calculaba que los PPT viales podían inyectar US$ 6.000 millones de inversión. Pero la actual administración cree que el costo financiero asociado es muy alto. El plan general de Vialidad, que no continuará, podía llegar a US$ 12.500 millones de dólares para los primeros 5 años.

“Los contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación”, vienen esgrimiendo desde el oficialismo.

Salvo Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, que están en manos privadas, casi no quedan jugadores que no sean estatales en concesiones. El Gobierno estatizó un puñado de rutas a comienzos de año. Las empresas que estaban interesadas en ingresar ven que se les escapa esa posibilidad.

Los grupos privados que habían participado de los PPP también sufrieron por los “cuadernos de las coimas”. En casi todos los consorcios que se presentaron había empresas que habían pagado sobornos o “aportes de campaña” a funcionarios de las anteriores administraciones kirchneristas. La gestión de Vialidad incorporó una claúsula para alejar sospechas de corrupción,

Las obras fueron adjudicadas cuando el Gobierno anterior ya sufría la crisis económica y había recurrido a la asistencia del Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, la incursión en el esquema de PPP le permitía bajar el gasto desde el Estado sin detener la obra pública. El ministro Katopodis exploró opciones para alguna continuidad del vínculo con los privados. Pero, desde algunos consorcios, cuentan que está todo detenido o cerca de finalizarse también en las instancias administrativas.

La modalidad implicaba que la búsqueda del financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial posterior quedaban a cargo del sector privado.

En el sistema vial integrado hay $ 40.000 millones para obras de infraestructura. El Gobierno estudia su uso. La prioridad la tienen las medidas que puedan servir para atenuar los efectos de la cuarentena o reactivar la obra pública más adelante.

Según fuentes oficiales, los consorcios que se presentaron a los PPP no podrán cumplir con sus promesas, y eso precipitará el cierre de los contratos. Según los privados, se entregaron garantías económicas. Buscan que las mismas sean restituídas, porque entienden que Vialidad es el que incumplió.

Los desacuerdos podrían generar conflictos legales. En la mayoría de los concesionarios hay empresas que se dedican a obra pública, que no tendrían interés en llegar a escalar sus desacuerdos con el ministro Katopodis, según dejan trascender.

Mirá también

Mirá también

A dos años del caso Cuadernos: con las pruebas guardadas en contenedores, el juicio oral parece lejano