La muerte de dos nenas argentinas
Quien confirmó este pedido de Abdo al Legislativo fue su ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. Adelantó que en la sesión prevista para las 11 (hora local) del miércoles les entregarán a los legisladores un informe con el objetivo de “transparentar todo el procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), considerando que como institución no tenemos nada que esconder”. Tanto las Naciones Unidas como la Cancillería argentina exigieron detalles sobre el accionar de militares y policías de aquel cuerpo especial en el operativo del miércoles 2 de septiembre que terminó con la muerte de las dos menores.
El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia sostiene entregarán un informe para “transparentar todo el procedimiento” ya que, “como institución, no tenemos nada que esconder”
Los cuerpos de ambas niñas argentinas fueron exhumados y entregados a familiares que residen en Paraguay. Si bien hubo un ofrecimiento por parte de las autoridades argentinas para trasladar sus restos hacia el país, la decisión de sus parientes sería enterrarlas en aquella nación donde reside una parte de su familia. Las dos provenían del pueblo misionero de Puerto Rico, del lado argentino, y la principal versión es que cruzaron para encontrarse con sus padres, miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cuando las atrapó la pandemia y ya no pudieron retornar.
Si bien circularon algunas versiones durante las últimas horas sobre la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en las pericias correspondientes, de momento no está confirmado que sus miembros vayan a trasladarse. Las restricciones fronterizas, explicaron fuentes gubernamentales, limitan el accionar de los especialistas argentinos que deberían movilizar a un grupo de cerca de seis profesionales.
En declaraciones a Misiones Online, la madre de una de las niñas, Carmen Villalba, acusó a los militares de haberlas capturado y torturado antes de ejecutarlas. Esta versión no fue avalada por funcionarios argentinos por las características de sus heridas. La información dada a conocer por el forense de la fiscalía, el fin de semana, describía impactos de bala a distancia, por el frente y la espalda. Sobresalió el dato de que los militares entregaron los cuerpos de ambas nenas sin ropa bajo el argumento de que las habían incinerado por el Covid-19, destruyendo parte de las pruebas en el proceso.
A través de un comunicado, la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) demandó el domingo al gobierno paraguayo una investigación “sin demora y de forma imparcial”. Aludió a presuntas informaciones que habían recibido sobre intentos de manipular la evidencia, en línea con lo que denunció la madre de una de las menores.”Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos”, aseveró Jan Jarab, el funcionario a cargo en la misión local del organismo.
La respuesta provino del lado de la Cancillería paraguaya. Señalaron que el procedimiento había sido autorizado por representantes del Poder Judicial que también habían formado parte. Sin embargo, y pese a que el propio gobierno de Abdo acusa al EPP de utilizar a menores como escudos humanos, no habrían participado funcionarios de minoridad acorde a lo que se conoce hasta el momento. Y las únicas dos víctimas fatales fueron las niñas argentinas.
Incluso hubo versiones contrapuestas en torno a la identidad de las menores. Tras el ataque del miércoles 2 de septiembre al campamento del EPP, las FTC hablaron de un operativo exitoso en la zona de Yby Yaú, unos 370 kilómetros al norte de Asunción, con la baja de dos guerrilleras. Luego se dijo que tenían 15 y 17 años. Al final, resultó que eran las niñas. Argentina colaboró en su identificación a partir del pedido de las autoridades paraguayas, aseguraron en la Cancillería.
Pese a que el propio gobierno de Abdo acusa al EPP de utilizar a menores como escudos humanos, no habrían participado funcionarios de minoridad acorde a lo que se conoce hasta el momento
En lo que respecta a las relaciones bilaterales, ambas administraciones reconocen que se tensó la cuerda demasiado. No solo por la muerte de las dos niñas argentinas, hecho grave de por sí. Las declaraciones posteriores por parte de la cabeza de la fuerza de ataque, el general Héctor Grau, acerca de la Argentina funcionando como una guardería para grupos criminales provocó un malestar todavía mayor a nivel político. Los cancilleres Felipe Solá y Antonio Rivas conversaron en un claro intento de bajar los decibeles.
“No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas”, acusó el gobierno argentino a través de un comunicado el viernes pasado que no ahorró en dureza. Y respecto a las acusaciones del general Grau, enfatizaron que “el Gobierno argentino ya ha protestado formalmente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación y confiamos en contar con la colaboración del gobierno paraguayo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades”.
La falta de una respuesta por parte del gobierno paraguayo fue leída en clave de distensión. También alguna expresión de estupor por parte de referentes del gobierno de Abdo. Extraoficialmente, aseguran que los dirigentes paraguayos reconocen lo desproporcionado de la declaración castrense aunque en Buenos Aires quisieran oír lo mismo en público. De momento, la orden a nivel diplomático es mantenerse en stand by para no perjudicar el vínculo con el vecino Paraguay ni minar todavía más la frágil estabilidad de un presidente que se tambalea en medio de una tormenta política luego de que el operativo que le habían prometido como victoria terminó en escándalo.
MB / DS
