Paso a paso, cómo fue el plan para llevar a Lázaro Báez a una casa secreta en el Gran Buenos Aires

el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). La caución era de 368 millones de pesos, pero su defensa sostuvo que no podía afrontarla y reclamó un arresto domiciliario que fue concedido el lunes por orden de la Cámara de Casación. Desde ese momento, comenzó un laberíntico recorrido para el empresario K, que al no poder ingresar a un barrio privado de Pilar, tuvo que pasar otras dos noches en prisión para terminar en un domicilio prestado del Gran Buenos Aires, cuya dirección se mantiene en reserva por seguridad.

Después de cuatro años y seis meses -1.610 días- en prisión, Lázaro Báez dejó la celda 8 del Pabellón 6, donde había ingresado en abril de 2016. Desde el lunes obtuvo el arresto domiciliario, pero el mismo no se hizo efectivo sino hasta el miércoles pasada la medianoche. Fueron casi 72 horas las que el empresario K esperó en la cárcel hasta que la Justicia resolviese su situación: los vecinos del barrio privado Ayres del Pilar no querían que se aloje en la propiedad que tiene allí, valuada en 500.000 dólares.

El martes por la mañana, la abogada Elizabeth Gassaro comenzó a analizar si insistía con el cumplimiento del arresto domiciliario en el lugar que ya había sido aprobado, o bien ofrecía uno nuevo, solicitando que se extremaran la reserva y confidencialidad del mismo; según pidió en un correo electrónico.

Ese plan alternativo se presentó ante el TOF 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini-, que lo analizó durante casi dos días. Pese a la enorme cantidad de propiedades de Lázaro, distribuidas en ocho provincias diferentes, las posibilidades eran acotadas.

El martes a las 15:42 los jueces recibieron un correo electrónico proveniente de la División Traslados del Servicio Penitenciario Federal, donde el director relató lo sucedido el lunes en Pilar.

A las 16, la defensa ya había enviado por correo electrónico un nuevo domicilio para que el empresario patagónico pueda comenzar a cumplir la morigeración de su detención fuera del penal de Ezeiza. En ese e-mail, los abogados de Báez adjuntaron fotografías del informe de dominio, junto a una copia digitalizada de una escritura pública vinculadas con la propiedad en cuestión.

Con estos datos en mano, y con la previa decisión de que todo debía realizarse bajo absoluta reserva para no reiterar los incidentes del lunes por la noche, los jueces del Tribunal pidieron a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que requiera al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio a su cargo, y con “carácter urgente”, la realización de un informe de viabilidad y de las condiciones socioambientales del nuevo domicilio. Había que dirimir si la nueva propiedad era un lugar apto para cumplir allí con un arresto domiciliario.

Luego, se arbitraron todos los medios posibles para que esa dirección se mantenga en absoluta reserva. Nadie debía saber a dónde trasladarían al dueño del Grupo Austral. Pero algunos datos trascendieron: la propiedad no integra su cuantioso patrimonio.

Recién el martes pasadas las 22.30 el Tribunal recibió el informe técnico de viabilidad confeccionado por el Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica, en el que se dejó constancia que el resultado “fue satisfactorio en tanto el domicilio en cuestión resultaba apto para la implementación del dispositivo GPS”. Es decir, que allí llegaba la señal de la tobillera electrónica.

Todos estuvieron de acuerdo que debía ser el próximo domicilio al cual debían ser trasladado Lázaro Báez. El fiscal Abel Córdoba prestó consentimiento, al igual que los jueces. Como la documentación de la casa era antigua, se pidió una actualización a la inmobiliaria que la administraba.

Los datos que trascendieron fueron pocos: el ex socio comercial de Cristina Kirchner, fue trasladado el miércoles poco antes de la medianoche. El trayecto no fue muy largo, los móviles del Servicio Penitenciario Federal se dirigieron hacia zona norte. Lázaro fue alojado en una casa ubicada en un barrio semi cerrado que le prestó “un operador político que no es de este gobierno”, señalaron a Clarín quienes confirmaron la información.

¿Va a pagar alquiler? Quienes conocen los detalles del caso indicaron que no: es un préstamo. El empresario K, además, remarcó en múltiples oportunidades que no cuenta con ingresos a raíz de los embargos judiciales que superan los 700 millones de dólares.

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