El empresario K Lázaro Báez, quien comenzó el miércoles su arresto domiciliario en un lugar que se mantiene en secreto por seguridad, está a punto de ser enviado a un segundo juicio
oral por evasión impositiva millonaria a través de Austral Construcciones por parte del juez en lo penal económico, Javier López Biscayart. Báez ya tiene un tramo de la causa en un tribunal oral y en las próximas semanas sumará otro en donde la AFIP le reclama otros 300 millones de pesos.
A diferencia de Cristóbal López, Báez no se puede acoger en principio a la nueva moratoria del Gobierno porque se empresa está quebrada. Báez ya está en juico oral por la Ruta del Dinero K y la causa Vialidad, así que empezaría un cuarto.
Báez está en juicio oral por la causa de la Ruta del Dinero K a raíz de haber lavado unos 60 millones de dólares y por la causa Vialidad donde se debate si los gobiernos de Néstor y Cristina le direccionaron contratos de otra pública por unos 3 mil millones de dólares. El jueves Báez no se presentó a la videoconferencia por el primer de los casos.
El juez, luego de los pedidos de elevación a juicio del fiscal y la AFIP, corrió vista ahora a las defensa antes de resolver la elevación de esta segunda causa que, seguramente en la instancia oral, se sumaría a la primera.
Juez Javier López Biscayart
La primera causa es la número 803/13 y está caratulada “Andrés, César Gerardo sobre infracción de la ley 24769”. Es por la evasión del IVA, Ganancias y salidas no documentadas de dinero de Austral del ejercicio fiscal del 2010. La defensa de Báez estaba a cargo de Franco Bindi, el abogado impulsor del Operativo Puf.
Luego, en octubre de 2018, se clausuró la instrucción y se elevó a Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE 1) respecto de Lázaro Báez, Julio Mendoza, Martín Báez, Ariel Nieto, Mario Delgado y Claudio Bustos. Sin el contador César Andrés sobre quien aún no tiene una situación procesal indefinida. Es decir, sería la tercera.
La causa que está cerca de ir también a juicio oral es la número 1599/17 llamada “Austral Construcciones S.A. sobre infracción a la ley 24769” por evasión al IVA, Ganancias y más salidas no documentadas de dinero por los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014, que un período en que el Grupo Austral recibió más contratos de obra pública del gobierno de Cristina Kirchner y los pagos de Vialidad Nacional estaban al día.
En esta causa fueron sobreseídos seis inspectores de la AFIP por una supuesta irregular determinación de oficio de la deuda del grupo Báez durante la gestión del ex titular de la AFIP Ricardo Etchegaray. En materia impositiva, Báez tiene un tercer procesamiento en Bahía Blanca de diciembre de 2019. Para el juez federal Walter López Da Silva, Báez lideró una asociación ilícita que le produjo al Estado en tres años un daño patrimonial en torno a unos 673 millones de pesos a través de la emisión de facturas truchas.
En la segunda causa que tiene López Biscayart, se decretó los procesamientos y embargos de o Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Luciana Báez, Julio Mendoza, entre otros. Y se indagó al abogado Oscar Chueco –otro procesado en la causa de la Ruta del Dinero K- y Gastón Lemoine, informaron fuentes judiciales a Clarín.
La cámara del fuero confirmó procesamientos y redujo los embargos, aunque hay aún apelaciones. Ahora se declaró completa la instrucción y se corrió vista a la querella de acuerdo a los artículos 346 Código Procesal Penal de la Nación.
El juez tiene pendiente resolver la situación procesal de Jorge Chueco y de Gastón Lemoine.
La segunda causa tuvo un avance en abril de 2019, cuando López Biscayart había procesado a Báez, tres de sus hijos y directivos de Austral por supuestamente haber evadido impuestos falseando declaraciones, con facturas truchas y usando créditos fiscales inexistentes entre el 2008 y el 2014 y embargó al dueño de Austral Construcciones. La pretensión fiscal de la AFIP por la evasión en todos esos años de las empresas del Grupo Austral llegaría a “más de 20 mil millones de pesos”, según fuentes judiciales.
El magistrado le dictó el procesamiento sin prisión preventiva pero el artículo 2 de la ley penal tributaria 24769 que prevé una pena mínima de tres años y seis meses de prisión y una máxima de nueve años de prisión. Así que si es condenado en un juicio oral en esta otra causa sumaría otra sentencia de cumplimiento efectivo y una multa millonaria.
Entre las empresas del Grupo Austral denunciadas está Valle Mitre que administró el hotel Alto Calafate y otros hoteles de la familia Kirchner.
La causa se había iniciado en el 2013 por una denuncia de la diputada Elisa Carrió por maniobras de evasión impositiva a raíz de convenios celebrados entre las empresas del Grupo Austral: La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA en las determinaciones del IVA. Además, entre estas empresas se intercambiaron facturas truchas como trampa para no pagar impuestos.
La disolución de la delegación Bahía Blanca por parte del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el 2013, entre otras maniobras evitó que el juez López Biscayart investigara a Báez en aquel momento en que se había descubierto una usina de facturas truchas en esa ciudad.
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