en la causa en la que se investigan supuestas presiones ejercidas por el Gobierno de Mauricio Macri contra los dueños del Grupo Indalo y sus empresas.
La presentación, en la que se reclama el apartamiento de los jueces Eduardo Riggi, Carlos Mahiques y Liliana Catucci, fue formulada hoy por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en representación de la querella del empresario del Grupo Indalo, según informaron a Télam fuentes judiciales.
En un escrito de 24 páginas, los abogados repasaron los motivos por los cuales desconfían de la necesaria imparcialidad de los jueces apuntados, entre los que se destaca que Riggi fue uno de los camaristas que en 2018 ordenó que De Sousa y su socio Cristobal López volvieran a ser detenidos bajo el pretexto de que habían intentado vender bienes inhibidos por la justicia, un hecho que luego se comprobó como falso, según la defensa.
Otro de los motivos destacados en la recusación para pedir el apartamiento de los jueces es que Mahiques es el padre del actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, a quien se acusa de integrar la denominada “mesa judicial” de Cambiemos, que ahora es investigada por la presunta presión ejercida sobre las empresas del Grupo Indalo, y en particular sobre sus medios periodísticos.
Al referirse a la mesa judicial de Cambiemos, los abogados recordaron que “los miembros de esta organización criminal procuraron desguazar a las compañías que integran dicho conglomerado societario; vender sus bienes a precio vil y apoderarse de todos sus activos, con particular interés en las empresas que administran medios de comunicación, que siempre mantuvieron una línea editorial independiente”.
Los letrados recordaron que López y De Sousa habían sido detenidos en diciembre de 2017 por orden del juez Julián Ercolini en la causa en la que se investigan las deudas del Grupo Indalo con la AFIP y liberados en marzo de 2018 por decisión de la Cámara Federal porteña.
Esa excarcelación se produjo cuando los entonces camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah “revocaron la prisión preventiva impuesta a los nombrados, modificaron la calificación legal de los hechos imputados en dicho proceso y redujeron el monto del embargo ordenado”.
Esa situación provocó que el entonces presidente Macri se mostrara indignado en distintos medios de comunicación y, tras una apelación de la AFIP, la sala I de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Riggi y Gustavo Hornos, revocó la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en el sentido reclamado.
De esta forma, se volvió a modificar la calificación legal de los hechos de la causa y se restableció la prisión preventiva para López y De Sousa.
“El argumento que invocó el Dr. Riggi para privar de su libertad a Cristóbal López y Fabián De Sousa era absolutamente falso, ya que jamás se engañó a ningún juez y nunca se vendieron las acciones del ´Grupo Indalo´”, sostuvieron los abogados Beraldi y Llernovoy.
Los letrados recordaron además que en aquel fallo, “Riggi aseveró que tanto López como De Sousa ´revelan no sólo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad´, pese a que ninguno de los nombrados registra condenas en su contra”, le que habría dejado de manifiesta su falta de imparcialidad.
En relación a la camarista Catucci, los abogados destacaron que “se desempeña como colega del juez Riggi en este Tribunal desde hace casi tres décadas, extremo que, lógicamente, tiene entidad suficiente para condicionar la ecuanimidad con que debe merituarse el caso”.
La sala III del máximo tribunal penal del país resultó sorteada para intervenir luego de que fuera apelado el fallo de la Cámara Federal porteña, que rechazó la recusación planteada contra los jueces de ese tribunal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.
