La combinación de un sistema electoral obsoleto, de un presidente disruptivo que pone continuamente en tela de juicio la pureza y fiabilidad de los comicios y del impacto de la Covid-19
en la asistencia física de los electores ante las urnas hace que las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre se presenten cargadas de malos presagios y de funestos vaticinios. También es verdad que, a lo mejor precisamente por eso, la sangre no llegue al río.
Nadie previó en el 2016 que, con casi tres millones más en el total de votos populares emitidos, Hillary Clinton acabara perdiendo las elecciones frente a Donald Trumpporque 70.000 votos en tres estados muy disputados cayeron del lado de su rival. Ahora, por el contrario, todos los posibles escenarios están siendo minuciosamente analizados y nada ya puede pillar de sorpresa.
La obsolescencia del sistema se demuestra en que lo que había pasado solamente en tres ocasiones en los doscientos años largos de elecciones presidenciales estadounidenses –que el candidato no más votado por el pueblo se alzara con la presidencia– ha ocurrido ya en dos ocasiones desde el 2000 y puede pasar de nuevo el próximo 3 de noviembre.
En efecto, prácticamente nadie duda de que Joe Bidensuperará con creces la ventaja en el voto popular alcanzada por Hillary Clinton y que podría llegar a obtener cinco o seis millones de votos populares más que Trump. Sin embargo, por citar tan solo una de las muchas posibilidades, al presidente podría bastarle con ganar en los mismos estados que hace cuatro años, con las excepciones de Pennsylvania –estado natal de Biden– y de Michigan, para obtener la reelección a pesar de todo.
En el fondo, es una consecuencia más de la extraordinaria polarización del electorado; al presidente le trae sin cuidado perder por mayor margen estados que le son hostiles, como California, Nueva York o Illinois, mientras le respondan sus bases y eso le permita imponerse, aunque sea por la mínima, en estados que le son más propicios, como Florida, Carolina del Norte o Wisconsin.
Salvo en las atípicas elecciones del año 2000, cuando el estrechísimo margen que separó a ambos contendientes en Florida propició una polémica a la que tuvo que poner fin el Tribunal Supremo más de un mes después de los comicios, el desenlace de las presidenciales suele conocerse inmediatamente. Aquellas interminables semanas de noviembre del 2000 se vivieron con las lógicas tensiones, pero sucedieron en un país mucho menos alterado que el actual.
Era antes de los atentados del 11-S, de la guerra de Irak, de que la crisis financiera iniciada en el 2008 provocara enormes desgarros colaterales de todo tipo –por ejemplo, en el sector inmobiliario–, de la brutal eclosión de muertes por sobredosis relacionadas con los opiáceos, fenómenos todos ellos que han contribuido de alguna forma al actual clima de extrema polarización política.
¿Tormenta perfecta?
Y en esto llegó la Covid-19, temerariamente ninguneada por el inquilino de la Casa Blanca y cuyas víctimas mortales estadounidenses ya superan de largo a las ocasionadas por todos los conflictos en los que sus tropas lucharon más allá de sus fronteras, con excepción de los casi 300.000 muertos causados por la Segunda Guerra Mundial (aunque no se quedarán muy lejos de esa cifra).
Al margen de la pavorosa crisis sanitaria y de la recesión que ha traído aparejada, la pandemia puede tener un impacto nada desdeñable en el incremento del voto por correo, ya que, por su propia naturaleza y aunque se adopten medidas de seguridad para minimizar el riesgo de contagio, en los centros de votación presencial pueden registrarse colas y aglomeraciones que, como mínimo, dilaten el lapso de tiempo dedicado por los electores a votar (no olviden que el trámite se efectúa en un día laborable).
En definitiva, es posible que las autoridades en cuatro o cinco estados decisivos para que cualquiera de los dos candidatos logre los 270 votos necesarios para ser proclamado presidente necesiten más tiempo para contabilizar el voto por correo. Y si ese retraso provoca un cambio en los resultados definitivos cuyo desenlace final sea la victoria del exvicepresidente Biden, créanme que tenemos la tormenta perfecta.
Y es que un presidente que ha declarado en varias ocasiones que sólo puede perder estos comicios si hay fraude y que, en el colmo de la irresponsabilidad, ha llegado a pedir a sus fieles que le voten dos veces, por correo y presencialmente –lo cual es un delito–, no va a dejar el cargo fácilmente.
En caso de derrota, Trump no debe constitucionalmente abandonar la Casa Blanca hasta el 20 de enero del 2021, una transición de casi 12 semanas que en esa atmósfera tan cargada puede hacerse eterna, especialmente si –lo nunca visto en EE.UU.– los presuntos perdedores llevan su protesta a la calle.
Pero no llamemos al mal tiempo. Aún puede obtener Biden una victoria sin vuelta de hoja o alzarse Trump con un triunfo como el de hace cuatro años, atípico y estrecho, pero incontestable desde el punto de vista legal. A pesar de los pesares, son las dos posibilidades más tranquilizadoras.
Juan M. Hernández Puértolas. La Vanguardia
PB
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