Escándalo judicial en San Isidro: confirman al fiscal federal y se acerca una indagatoria clave

Martín confirmó a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado al frente de la investigación que lo tiene como el supuesto jefe de una banda que armaba operativos, saqueaba casas durante los allanamientos y robaba droga al por mayor con ayuda de buchones, testigos falsos y policías corruptos y otros exonerados.

Ese primer intento que hicieron sus abogados por frenar el expediente falló.

Luego de esto, el lunes pasado, el trabajo de pinzas que había armado con su secretario Gustavo Pablo Sanvitale -50-, preso en la misma causa desde el 24 de julio, también fracasó. Sanvitale -procesado junto a otras 14 personas el 18 de agosto- había apostado por la recusación del fiscal federal Fernando Domínguez, que fue el que desarrolló la investigación.

Pero ahora, en un escrito de 32 carillas al que tuvo acceso Clarín, la propia Arroyo Salgado rechazó el planteo contra Domínguez que, por procedimiento, no habilita una apelación.

Con estos dos rebotes, Scapolan, un fiscal que durante años manejó la poderosa fiscalía Antidrogas y de Delitos Complejos de San Isidro, quedó a las puertas de la declaración indagatoria, que aunque todavía no tiene fecha ya permite anticipar que tras ella sería difícil que el fiscal no termine procesado.

En base a una causa que empezó en 2016, el 24 de julio -en plena cuarentena por el coronavirus– la jueza Arroyo Salgado realizó 30 allanamientos simultáneos por pedido del fiscal Domínguez.

​Policías, abogados y los dos secretarios de Scapolan quedaron procesados ​​(la mayoría, incluso, detenidos) y el fiscal sólo logró evitar el mismo destino gracias a sus fueros. Pidió licencia en los Tribunales de San Isidro, donde había ido a buscarlo la Policía, y en un trámite inusual la Suprema Corte bonaerense se la otorgó, usando duros términos.

Con la decisión de Arroyo Salgado, las opciones para demorar el momento de la indagatoria se habrían reducido casi a cero. Y eso sin tener en cuenta el trámite ante el Consejo de la Magistratura bonaerense.

De ese proceso, que se lleva adelante en La Plata, Scapolan depende para no terminar detenido como el resto de los integrantes de la banda que, según Arroyo Salgado y Domínguez, él lideraba.

Argumento circular

Tanto la recusación contra Arroyo Salgado como la de Fernando Domínguez parten básicamente de una misma circunstancia: la figura de un narco (muerto en abril pasado) que en 2016 denunció que Scapolan y un grupo de policías lo extorsionaban.

Sus dichos coincidieron con dos veredictos del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín de 2015. Se trató de casos en los cuales declararon policías arrepentidos y se dieron pistas del robo de media tonelada de cocaína en un operativo conocido como “Leones Blancos”.

La causa, delegada en la fiscalía de Domínguez, fue creciendo pero en un momento el mismo narco que había denunciado a Scapolan también denunció a la jueza Arroyo Salgado, asegurando que no avanzaba en la investigación porque también estaba comprometida.​

Aunque este reclamo fue investigado y descartado en su momento, los abogados de Scapolan y Sanvitale usaron el episodio para tratar de separar del caso a ambos funcionarios judiciales.​

Sobre Arroyo dijeron que no podía seguir en la causa porque había sido acusada de encubrir al principal acusado, y sobre Domínguez sostuvieron que debía apartarse porque en su momento no investigó a la jueza. Ademas, dijeron, tiene una enemistad manifiesta con Scapolan.

La situación puso al expediente en una situación peculiar y casi delirante: el fiscal rechazó la recusación de la jueza cuando le tocó opinar y la jueza rechazó la recusación del fiscal poco después. Ambos recordaron que la denuncia de aquel testigo no solo había sido investigada y descartada por la jueza federal de Tres de Febrero Alicia Vence, sino que hasta el tema de la competencia de Arroyo Salgado en el expediente había sido finiquitada a su favor por la Cámara Federal de San Martín ​en abril de 2019.

GL – EMJ​

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