La Cámara de Diputados bonaerense aprobó
un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la suspensión de determinados desalojos, aunque excluyó de ese beneficio a las ocupaciones de tierras o inmuebles que se hayan producido después del decreto que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.
La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado, prorrogó la vigencia de la ley que suspendía los desalojos durante la emergencia por la pandemia hasta el 30 de septiembre, aunque introdujo algunas modificaciones.
Entre ellas, estableció que quedan excluidas de las suspensiones “los casos de ocupaciones,usurpaciones y/o tomas colectivas de inmuebles, cualquiera fuere su naturaleza, siempre que las mismas se hubiesen producido con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N°132/2020” del 12 de marzo pasado.
Contempla que se suspenden las ejecuciones hipotecarias judiciales o extrajudiciales que recaigan exclusivamente sobre inmueble destinado a vivienda y ocupado.
Establece también que en los lanzamientos ya ordenados, la suspensión se reduce únicamente sobre inmuebles con destino a vivienda única de ocupación permanente.
Además, se incorporó la exclusión de la suspensión de desalojo a los espacios físicos nacionales, provinciales y municipales destinados a áreas naturales, patrimonios culturales y/o de interés comunitario o de asociaciones civiles
Durante su exposición en el recinto, la diputada del Frente de Todos Fabiana Bertino, aseguró que el proyecto tiene el objetivo “de proteger el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada como también para mitigar el efecto de la pandemia”.
“Se suspenden las ejecuciones hipotecarias oficiales y extraoficiales, las ejecuciones por expensas comunes de inmuebles destinados a vivienda única y también se suspende las ejecuciones civil y penal donde las demandadas son fábricas recuperadas”, concluyó.
La ley 15.712 que había suspendido las ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta el 30 de septiembre había generado polémica con la oposición, que consideraba que la norma habilitaba la ocupación y usurpación de tierras en la provincia de Buenos Aires.
