El Gobierno analiza crear un operador estatal de telefonía celular

el mes pasado.

El proyecto que analizan en los despachos oficiales es el de crear un operador móvil virtual (MVO, según la sigla internacional), que ofrecería servicios sobre las redes de los celulares tradicionales. Eso se está discutiendo entre los funcionarios y asesores de la Secretaría de Innovación Pública, que dirige Micaela Sánchez Malcolm, y depende del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Todavía no se tomó la decisión de avanzar en su implementación, pero ya se elaboró un borrador del proyecto. “Son ideas de escritorio, discusiones técnicas, pero todavía no hay una decisión política, porque primero tenemos que resolver la reglamentación del DNU, para despejar el horizonte hacia adelante”, dijo una fuente del Gobierno nacional.

Otra fuente oficial aseguró que ya se conversó con un proveedor del sistema de administración de tráfico celular, cuyo valor rondaría los US$ 5 millones. A ese costo habría que agregarle la inversión en teléfonos celulares, chips, centros de distribución y venta, facturación y marketing, entre otros, elevando la cifra a varios millones de dólares.

También arrancaron conversaciones con ISP y cooperativas, que reclaman frecuencias de espectro radioeléctrico, pero podrían sumarse al proyecto como socios de la empresa o para revender telefonía celular en las localidades donde brindan sus servicios.

“Es insólito que el Gobierno pretenda gastar miles de millones de dólares para el servicio de telefonía celular, en medio de esta crisis económica, siendo uno de los servicios que está en competencia y tiene mayor penetración”, dijo un especialista del sector. “Pero es parte del intervencionismo estatal que estamos viendo en este último tiempo”, se lamentó.

“Ahora que ya lanzamos los proyectos del Plan de Conectividad, con el apoyo del Presidente, vamos a resolver la reglamentación del DNU, así después nos metemos de lleno en esto del operador móvil virtual”, se entusiasmó ante Clarín un asesor del Gobierno.

Es que esta semana el Presidente anunció el Plan Nacional de Conectividad, que pretende ampliar la capacidad del data center de Arsat, actualizar la Red Federal de Fibra Óptica, recuperar la Televisión Digital Abierta (TDA) y crear el tercer satélite Arsat. Y antes de diciembre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) planea reglamentar el DNU de las telecomunicaciones, que marcará el camino para descongelar los precios de telefonía celular y controlar los servicios que brindan Movistar, Personal y Claro.

De hecho, los asesores del Gobierno aseguran que al declarar a la telefonía celular como “servicio público”, con el DNU podrán forzar a los tres prestadores, para que la nueva empresa pueda brindar sus servicios sobre esas redes ya existentes. 

La iniciativa retoma el proyecto Libre.ar, que Cristina Kirchner presentó a fines de 2012, pero que en ese entonces no se pudo concretar, pese a que se le destinaron ese año frecuencias de telefonía celular, que todavía tiene en su poder la empresa tecnológica estatal Arsat.

La primera información sobre este proyecto la dio el lunes pasado el periodista Carlos Pagni, en su programa de televisión Odisea Argentina, en La Nación+. Allí Pagni planteó que “todos los días aparecen más fantasías estatales. Hay una idea psicodélica que está dando vueltas. No digo que lo vayan a hacer. Ya que las telecomunicaciones son un servicio público, hay en el corazón del kirchnerismo la fantasía de inventar una empresa estatal de telefonía celular, aprovechando las redes disponibles. Se llamaría Puma. El paraíso de llegada es volver a ENTel”.

Sin embargo, oficialmente en la Secretaría de Innovación Pública aseguran que no tienen este tema entre sus prioridades inmediatas. “Hoy no hay nada de eso en agenda. Estamos trabajando con diferentes operadores. Regionales, chiquitos y medianos y a partir de eso estamos analizando posibilidades vinculadas con los operadores móviles virtuales (OMV)”, dijeron en el área que maneja Sánchez Malcolm, ante la consulta de Clarín. Y agregaron: “No hay tal operador virtual mayorista y las conversaciones hasta ahora no pasan del diagnóstico de las necesidades y perspectivas que recogemos. Así que estamos analizando esos diagnósticos y los estamos cruzando con la normativa vigente”.

Habrá que ver si desde ese espacio del Gobierno logran que Alberto Fernández siga profundizando su conflicto con los principales operadores de telefonía celular, en sintonía con el DNU de las telecomunicaciones. Los proyectos de una mayor intervención gubernamental, mientras tanto, siguen avanzando.

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