La Argentina ingresó en un nivel de confrontación tal que la política ha dejado de ser el ámbito de discusión previo a la toma de decisiones como resultado de un consenso
parcial o unánime entre oficialistas y opositores. Como no puede lograr acuerdos mínimos, cede esa facultad al Poder Judicial que debe dirimir sobre derechos constitucionales que ni el Gobierno ni el Congreso garantizan.
No hay registros de una situación reciente en que el Poder Judicial deba dirimir tantos asuntos derivados de la falta de acuerdos políticos. La judicialización de la política no es el mejor de los escenarios.
Sólo respecto del Congreso, la Corte debe decidir un planteo de Juntos por el Cambio que impugnó la sesión en Diputados en la que el oficialismo continuó con el protocolo de tratamiento virtual pese al rechazo de la principal fuerza opositora. Como en el recinto se aprobaron dos proyectos –pesca ilegal y emergencia turística- debería medirse su validez.
En el Senado, la Comisión de Acuerdos desaprobó los pliegos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, todos con competencia en causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner. La UCR impugnará lo actuado porque el régimen de sesiones virtuales fue aprobado unilateralmente y la Coalición Cívica de Elisa Carrió denunció a los senadores del Frente de Todos por desconocer el fallo de la jueza federal María Alejandra Biotti, de no tratar esos pliegos.
“Carl von Clausewicz decía que la guerra es la política por otros medios. Hay que tachar guerra y reemplazarlo por Justicia”, ironizan en el Palacio de Tribunales.
El último producto de la grieta es la quita que el Gobierno aplicó unilateralmente a la coparticipación de la Ciudad. Si hay un tema que debiera resolver la política y no el Poder Judicial es la coparticipación. Al parecer, Alberto Fernández no dispone de esa idoneidad pese a que su entorno jura que es “un hombre de diálogo”.
Hay quienes se oponen a la decisión de la Casa Rosada pero creen que Horacio Rodríguez Larreta no manejó bien los tiempos. “Anunciar que vas a ir a la Corte y darle cinco días de ventaja a Cristina es un error”, afirma un opositor que afirma que debió presentarlo primero, y después avisar. Con ese margen, la Ciudad dio pie a que el Gobierno enviara al Congreso un proyecto con una mayor quita.
“A la Corte no le gusta que primero se anuncie el show por los medios y después se presente el escrito”, afirman en el cuarto piso de Tribunales. Hasta ayer, las 100 páginas de la presentación no habían sido vistas por Juan Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
“En el corto plazo no vamos a volver a atrás, quizás se profundice en la medida que uno de los actores no pueda tener una paridad de fuerzas tal que obligue al otro a respetar las reglas del juego. En donde el juego se vuelve desequilibrado, obviamente la parte débil recurre a la Justicia, pero esa Justicia no tiene un rol muy autónomo de la política”, asegura a Clarín el consultor político Carlos Fara.
Pero no todo tiene que ver con “la República”. Anses rechazó un pedido de Cristina Kirchner para no pagar impuesto a las ganancias en las dos pensiones vitalicias que reclama, buscando equipararse con los ministros de la Corte. Ahora deberá resolver la jueza de la Seguridad Social Viviana Piñeiro. Si lo rechaza, la vice tal vez busque apelar para llegar al máximo Tribunal. ¿Es necesario que un artilugio de ese tipo, de quien luego critica que los jueces no paguen ganancias, llegue a esa instancia?
Lo disparatado es que mientras Cristina reclama más dinero para su pensión, tanto su gobierno como el de Mauricio Macri y ahora, el de Alberto Fernández, apelaron y apelan los fallos a favor de los jubilados, en una bicicleta para no pagar. Muchos fallecen antes de una sentencia a su favor. Sólo en 2019 hubo 14 mil causas falladas por la Corte.
El Tribunal debe resolver sobre un planteo hecho en 2019 por intendentes de todo el país, defendiendo su facultad de cobrar tasas a las empresas instaladas en sus distritos. Un caso que involucra a la petrolera Axion. Está en juego es el 35 por ciento de los ingresos totales de los municipios. En su momento ni Macri ni María Eugenia Vidal intercedieron. Ahora, tampoco Alberto F. ni Axel Kicillof.
La falta de acuerdo entre dos intendentes, uno chaqueño y el otro correntino, también hizo intervenir a la Justicia. La Corte tuvo que habilitar el traslado de un hombre que vive en Resistencia y viaja a diariamente a Corrientes para que su madre reciba tratamiento oncológico, luego que la Policía provincial y fuerzas federales le impidieran el paso. ¿No podría haber intercedido la ministra de Seguridad Sabina Frederic o el Presidente para acordar una excepción y que no se repita la historia de Solange Musse que murió de cáncer sin que su padre pueda ingresar a Córdoba?
“Toda medida unilateral cae en la Corte y en los últimos 120 días hubo muchas. El conflicto entre Chaco y Corrientes es la ausencia de la política”, opina un funcionario judicial.
A raíz de las denuncias sobre el impedimento de circular en pandemia entre provincias, el Tribunal debió solicitar a Córdoba, Salta, Corrientes, San Luis y Formosa que informaran medidas y protocolos del tránsito de ciudadanos. Otra vez, algo que podría haber solucionado Alberto Fernández vía zoom, aguarda un fallo.
Al igual que la falta de acuerdo entre los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; Entre Ríos, Gustavo Bordet; y provincia de Buenos Aires, Kicillof, por la quema de pastizales del Delta Paraná. La Corte tuvo que resolver la creación de un Comité de Emergencia Ambiental. Menos mal que los tres son oficialistas.
Tampoco sin intermediación del ministro de Ambiente Juan Cabandie, otra de las demandas que llegó a la Corte es de Greenpeace contra Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde se encuentra el hábitat del yaguareté, y la Nación, por no cumplir la ley Nacional de Bosques y evitar la extinción de esa especie.
La lista sigue pero por si fuera poco, hay casos caricaturescos. Con apenas 25 mil habitantes en la ciudad de Arroyito, Córdoba, se respeta la siesta y los domingos se descansa. Pero Jinchui Shi, dueño de un supermercado chino quería trabajar también esos días y planteó la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibe hacerlo. Ni el intendente ni la dirigencia, ni la Iglesia, ni los empresarios locales llegaron a un acuerdo. El sector supermercadista respaldó al demandante; los empleados de comercio reclamaron respetar el descanso. Ahora deberá decidir la Corte. Un fallo a favor, podría impactar en todo el país en contra de ordenanzas sobre el descanso dominical en supermercados.
Hace un tiempo que la política se aleja de los reclamos de la ciudadanía. Y en lo inmediato, no se avizora una tendencia en sentido contrario.
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