La Corte avanzará esta semana sobre los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli quienes fueron removidos de sus cargos por la mayoría K del Senado y
el Gobierno de una forma polémica, inédita e irregular en democracia.
El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis por videoconferencia y el jueves otra de acuerdo para decidir sobre la cuestión por dos vías, como adelantó su titular Carlos Rosenkrantz.
Una sería aceptar el per saltum (salto de instancia) que hace más de 15 días presentaron los tres jueces que investigan a Cristina Kirchner y decidir si el trámite inédito fue constitucional o no.
Otra sería esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decida esta semana, tras recibir un informe del Senado, si fue constitucional o no la revisión de los traslados de los tres magistrados, realizados hace más de dos años atrás sin que nadie los objetara. En este caso, Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentarían un recurso extraordinario para ir a la Corte.
Los tiempos de la Corte corren en paralelo con la intención del kirchnerismo de intentar terminar en el Consejo de la Magistratura de la Nación los concursos y nombrar los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña, que es la que juzga todos los casos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno nacional.
Tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva, los K quieren que los candidatos a ocupar dos o cuatro vacantes en ese tribunal de alzada –si son los alineados con ellos como el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla o Roberto Boico, mejor- juren antes de que la Corte decida el tema de fondo.
Tal como el camarista federal Leopoldo Bruglia adelantó ayer en una entrevista exclusiva con Clarín si la Corte sigue retrasando su decisión ellos terminaría siendo como el caso del ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien fue echado en 1995 por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y cuando años después la Corte falló a su favor la provincia reiteradamente incumplió la decisión, además de que haber puesto otra persona en su cargo.
Cómo será el voto de los cinco miembros de la Corte por cualquier de las dos días, no se puede comprobar con ninguna fuente hasta ahora.
El constitucionalista Félix Lonigro dijo que “cualquiera de los jueces del máximo tribunal que se pronunciara en contra de Bertuzzi y Bruglia, incurriría en mal desempeño por contradecir la propia Acordada por ellos dictada en 2018, según la cual el traslado de jueces federales dentro de ese fuero no requiere acuerdo del Senado. Y si así fuera serían pasibles de juicio politico. No tienen margen”.
Pero la opinión de Lonigro no tiene en cuenta las presiones del kirchnerismo sobre la Corte sobre este tema que definirá el perfil de la institucionalidad argentina en los próximos años. Lonigro se refirió a las acordadas de la Corte 4 y 7 del 2018 que avalaron los traslados de jueces en el mismo fuero y la misma jerarquía. Incluso, en el caso de Bruglia lo hicieron refiriéndose a un caso concreto por un pedido del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.
El columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, informó este domingo que el miembro de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky, había dado su voto a favor de avalar la decisión del Senado y los tres decretos del presidente Alberto Fernández –emitidos en un tiempo récord de 12 horas- por la llamada de un ministro de la Corte que no identificó. Y Cristina Kirchner ya dio a entender por sus últimos mensajes en Twitter que lloverán insultos y denuncias judiciales contra los ministros de la Corte que avalen la continuidad de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña y de Castelli en el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a la actual vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita que manejó la maniobra de la causa de los Cuadernos de las Coimas.
En fuentes del Pro se afirma que, sin embargo, un sector de la Corte no quiere “aparecer como obstruccionista” frente a un nuevo Gobierno pero el tema es que el jueves, con los decretos de Alberto, ya quedó “un caso con un daño concreto a los derechos adquiridos de tres jueces” luego de dos años de ejercer el cargo.
En este medio, se especula con que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “van a ser coherentes con lo que escribieron y su trayectoria”. Por otra parte, dicen que Juan Carlos Maqueda escucha “con atención, más allá de lo jurídico, la posición del gobernador de su provincia, Córdoba, Juan Schiaretti”.
En cuanto a Ricardo Lorenzetti, las fuentes recuerda que fue el que, como presidente de la Corte, frenó la “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina como presidenta en su segundo mandato. Pero desconfían del “encono” que tiene con Rosenkrantz por haber sido desplazado como presidente de la Corte en el 2015 con diez meses de antelación de su mandato. Incluso, los trascendidos hablaron de una supuesta videoconferencia entre ambos que terminó mal por el carácter “poco florentino” de Rosenkrantz.
Sobre Elena Highton las fuentes recuerdan que votó la acordada 4 del 2018 pero “tiene una deuda con Alberto Fernández por haber apoyado su candidatura a la Corte”. En definitiva, hay varios factores jurídicos y políticos que impiden saber cómo y cuándo votará la Corte que ahora se encuentra bajo “presiones subterráneas K” y de “siete banderazos” ciudadanos que los miran con atención.
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