Prorrogan el desalojo de la toma de Guernica: Kicillof ganó tiempo pero tiene una misión complicada

2 y 5 de octubre. El fallo surge de un pedido realizado por el gobernador Axel Kicillof, en espera de la reubicación de 2.000 familias ocupantes de los terrenos.

El juzgado N° 8 accedió a la solicitud, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, para facilitar el abandono voluntario del predio usurpado. El desalojo debía realizarse entre el 23 y 25 de setiembre. Para ello, se habían dispuestos 500 policías como auxiliares de la medida judicial.

Como adelantó Clarín, la Provincia intentará agotar la mediación entre todos los actores de la toma, incluida la comuna de Presidente Perón, para evitar situaciones violentas.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta también se pronunció por las formas menos compulsivas para el cumplimiento de la orden, que fue avalada por la Cámara Penal de La Plata. Todas las instancias dieron conforme al lanzamiento, como se denomina técnicamente. Previa confirmación del delito de usurpación que prevé en el artículo 181 del CP, una pena de prisión de seis meses a tres años.

Conocido el dictamen de lanzamiento, Condomí explicó que aquellas personas que abandonen voluntariamente el campo tomado no serán imputadas de delito alguno.

Ahora comienza otra secuencia dilatoria. El asentamiento comenzó a desarrollarse a partir del 20 de julio. Lleva dos meses de trámite judicial. Mientras, a nivel de Poder Ejecutivo, las autoridades resuelven dónde serán reubicadas esas familias.

Este martes, Larroque estuvo con la intendenta Blanca Cantero. El funcionario procuró una salida parcial, consensuada, de algunos traslados de contingentes en el mismo municipio. Cantero argumenta que no dispone de tierras fiscales habilitadas para nuevos barrios bajo estas condiciones. Y que la ocupación ilegal de tierras en su distrito responde a un éxodo “organizado” desde otras regiones del Conurbano.

Surge del censo, realizado por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que efectivamente asentados en el lugar había 2.344 “hechos físicos”. Un eufemismo para señalar cada casilla, una carpa, algunas chapas sostenidas por palos u otras construcciones precarias.

Cuando se hizo el conteo de aquellos que respondieron a la encuesta sólo quedaban registradas 1.904 personas. Es decir, 440 podrían responder a alguna especulación inmobiliaria informal e ilegal. De hecho, hubo dos hombres detenidos por Condomí por publicar venta de terrenos en Facebook con precios de entre $ 50.000 y $ 80.000.

La otra novedad fue que menos del 30% eran habitantes de Guernica. El resto, como sostiene Cantero, proviene de distritos como Almirante Brown, La Matanza, entre otros.

El “éxodo” desde el segundo cordón urbano del Gran Buenos Aires y aún del tercero no resulta novedoso. En La Plata, despegado de ese conglomerado por el Parque Pereira Iraola, según el intendente Julio Garro, el 80% del territorio ocupado ilegalmente en el ex club de Planeadores, en el barrio de Los Hornos, provienen de Berazategui, Florencio Varela, y demás vecindades.

En los dos primeros cinturones urbanos la disponibilidad de tierras resulta escasa. Evidencia: la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ya advirtieron que no disponen de lotes fiscales para un eventual traslado de ocupantes de Guernica.

Hace dos semanas, precisamente, todos los intendentes peronistas de la 3ra sección electoral acudieron en respaldo de Cantero e instalaron la decisión de oponerse a las tomas.

Fue en simultáneo con la acusación del ministro de Seguridad. Sergio Berni, contra Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, por la organización de la toma de Guernica. Ambos son responsables del Movimiento Evita y funcionarios del presidente Alberto Fernández. Este martes, desde esa agrupación política insinuaron la conformación de un fideicomiso para la compra de terrenos ocupados en Presidente Perón. Rápidamente fue desmentido por la Gobernación.

Hay, en apariencia, alguna descoordinación entre las autoridades. Más gravoso aún por la incapacidad del Estado para resolver situaciones de campo. El dato es oficial: “Sólo la mitad de los 1.904 encuestados contestó sobre su procedencia”. La otra mitad se negó a la encuesta que debía ser obligatoria.

¿Con cuáles informaciones confiables se confecciona la estadística del gobierno? La sospecha, en este caso, es que los “no encuestados” no quieren revelar de dónde provienen por una orden de quienes ofrecieron o facilitaron esos traslados.

El muestreo determina un alto porcentaje de mujeres jefas de hogar, sin hombres en ese rol. Entre ellas, 39 admitieron su desplazamiento a Guernica por razones de violencia de género.

Certifican promedios de familia numerosa. Tres o más chicos. Se desconoce cuántos están escolarizados. Hay unos pocos indocumentados. En las segmentaciones parcelarias aparecen colectividades, mayoría de personas de Paraguay y de Bolivia, en ese orden. Los menos de Perú. Remiten como apremio económico para las ocupaciones que ya no pudieron pagar los alquileres, en muchos casos –según el argumento- de piezas con costos de entre 4.000 y 6.000 pesos por mes. En línea con la pérdida de empleos informales. Changas con menos de 35 horas semanales de empleo.

Es la profundidad de un cuadro social agobiante para la conciencia de gobernantes de las últimas décadas. Hace 45 años Argentina tenía 6% de pobres y 4% de desocupación.

Demasiado tiempo de declive. El ministro Larroque pide un poco más. “Los diez días venideros son cruciales para lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”, pidió. Concedido. Resolución de la Justicia.

LM

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