Donald Trump calificó a Nueva York de “jurisdicción anarquista”

Donald Trump, ahora tiene otro alias: “jurisdicción anarquista”.

Esto significa que se abre la puerta a que el gobierno recorte el envío de fondos en castigo por las protestas que se han producido tras la muerte del negro George Floyd.

Pero pese al incremento de la delincuencia, que estaba en los niveles más bajos de hace 50 años, la situación no parece comparable ni de lejos a aquella época de la película Fort Apache (1981), cuando el Bronx era una suerte de infierno terrenal.

Pero a Trump, un neoyorquino oriundo de Queens que es  poco apreciado por sus vecinos –él mismo sucumbió al desamor y se ha empadronado en Florida-, quiere demostrar su estricta postura electoral de “ley y orden”. 

Si sirve de consuelo, Nueva York no está sola. La catalogación de “jurisdicción anarquista” recae además sobre otras dos ciudades donde las manifestaciones contra la brutalidad policial y el racismo sistémico se hicieron sentir: Seattle (Washington) y Portland (Oregón).

A principios de mes, Trump envió un memorándum al fiscal general William Barr con las instrucciones de que se revisasen los aportes de las arcas nacionales a los gobiernos locales donde las protestas dieron lugar a saqueos y vandalismo.

Barr se puso en contacto con el director de la oficina del presupuesto, Russ Vought y con el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.

Los tres asumieron la tarea de identificar las jurisdicciones que “permitieron la violencia y la destrucción de propiedades, donde hubo persistencia y rechazo a emprender medidas razonables para contrarrestar esas actividades criminales”, según la documentación.

Este lunes procedieron a etiquetar esas tres ciudades, aunque el Departamento de Justicia aseguró que continúan trabajando en la identificación de otras. 

“No permitiremos que dinero de los impuestos federales se desperdicie cuando la seguridad de la ciudadanía está en juego”, señaló Barr en un comunicado.

“Tengo la esperanza de que las ciudades identificadas por el Departamento de Justicia reviertan su curso y se pongan serias a la hora de ejercer las funciones básicas de gobierno y empiecen a proteger a sus ciudadanos”, añadió. Pero en su declaración no quedó claro que fondos se pueden recortar, ni si tienen capacidad para hacerlo.

Los alcaldes Bill de Blasio (Nueva York), Ted Wheeler (Porland) y Jenny Durkan (Seattle), respondieron con un comunicado conjunto a la iniciativa de Trump.

“Esta medida es completamente política y anticonstitucional. El presidente utiliza juegos políticos baratos con los fondos dirigidos por el Congreso. Nuestras ciudades se están uniendo a sus comunidades, nuestras ciudades están saliendo adelante después de luchar contra la pandemia y encarar la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, a pesar de todo el imprudente desprecio y partidismo de la Casa Blanca”, subrayaron.

“Lo que el gobierno de Trump está haciendo ahora es más de lo que hemos visto todo el tiempo: eludir responsabilidades y echar la culpa a cualquiera para esconder su fracaso”, concluyeron.

Esa imagen de que Nueva York se ha convertido en un territorio sin ley contrasta con la experiencia cotidiana, muy visible debido a las medidas adoptadas por el coronavirus.

Ante la imposibilidad todavía de acceder al interior de bares y restaurantes, los neoyorquinos llenan a diario las miles de terrazas que han surgido por toda la ciudad. No se observa, en absoluto, que haya preocupación por los asaltos de quienes están por fuera de la ley.

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