El ex vicepresidente de Paraguay, Óscar Denis, de 74 años, cumple este miércoles dos semanas secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al tiempo que son siete los
días desde que su familia anunciara que había completado el reparto de alimentos por dos millones de dólares exigido por la guerrilla para su liberación.
Denis, vicepresidente del Gabinete liberal que gobernó el país entre 2012 y 2013, fue secuestrado el 9 de septiembre junto a Adelio Mendoza, un joven peón de su estancia ganadera que fue liberado la pasada semana.
Ambos fueron interceptados por un grupo de hombres armados cuando salieron en un vehículo desde esa estancia, entre los departamentos de Amambay y Concepción.
Dos días después de la puesta en libertad de Mendoza, que llegó por su propio pie a la estancia, la familia del político retirado dijo a los medios que había procedido al reparto de alimentos y pertrechos en las comunidades campesinas del norte del país señaladas por el EPP para entregar a Denis.
El 28 de junio de 2012, el entonces senador Oscar Denis. Foto EFE
La exigencia del EPP, indicada días después del secuestro en un comunicado que llegó a la familia, establecía la distribución de esos cargamentos en cuarenta asentamientos y por un valor total de dos millones de dólares.
Desde que hizo el reparto la familia ha reiterado los llamados a la guerrilla para que les aporte una prueba de vida de Denis, con un cuadro de diabetes e hipertensión por el que requiere medicación diaria.
La preocupación por su estado de salud aumentó luego de que Mendoza diera positivo a la prueba del coronavirus tras su liberación.
Sin datos
La familia sigue reclamando además a la guerrilla que abra un canal de comunicación para gestionar la entrega de Denis, que como político fue también gobernador de Concepción y presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición.
El EPP, fundado en 2008 bajo postulados marxistas, exigió además al Gobierno, también como demanda para liberar a Denis, la excarcelación de dos de sus líderes, Carmen Villalba y Alcides Oviedo, lo que el Ejecutivo consideró de “imposible cumplimiento”.
En el caso de Denis diversos miembros del Gobierno señalaron que se trata de un secuestro político, dado el perfil de la víctima y la exigencia para la excarcelación de Villalba y Oviedo.
La oferta de un intercambio de prisioneros ya fue planteada por el EPP al anterior Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) como condición para liberar al policía Edelio Morínigo, secuestrado en 2014 cuando participaba en una partida de caza en el norte del país.
El Gobierno rechazó el canje y desde entonces no se tienen noticias del paradero de Morínigo.
Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) criticada por la falta de éxito. Foto EFE
No obstante, los secuestros del EPP han tenido como objeto la financiación de su actividad armada, lo que han combinado con las extorsiones económicas a productores agropecuarios.
Uno de esos empresarios, Félix Urbieta, fue secuestrado en 2016 por una escisión del EPP, que no se volvió a poner en contacto con su familia al no pagar el rescate exigido, unos 300.000 dólares.
Los padres de Morínigo y las hijas de Urbieta mantienen desde entonces una campaña dirigida al Gobierno para que confirme si ambos están vivos o muertos.
Fuerza de Tarea Conjunta
La falta de resultados ante la actividad del EPP ha puesto en el punto de mira de la sociedad paraguaya a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el combinado de militares y policías creado en 2013 para combatir a la guerrilla.
El hecho más cuestionado fue el ocurrido una semana antes del secuestro de Denis, en un enfrentamiento entre la FTC y el EPP en el que murieron dos niñas de once años.
El Gobierno que preside Mario Abdo Benítez presentó como un éxito ese operativo ya que se desmanteló un campamento guerrillero con armas y documentación.
No obstante, las muertes de las niñas provocaron condenas locales e internacionales, pese a que el Gobierno mantiene que las menores estaban armadas y habían sido reclutadas por el EPP en su condición de hijas de algunos de sus líderes.
A la FTC también se le cuestiona la estrategia para desarticular a la guerrilla desde la militarización de las “zonas de influencia” del EPP, donde además se han producido denuncias por abusos a la población civil por parte de ese cuerpo de elite.
Fuente: EFE y AFP
PB
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