La Cámara de Diputados avanzaba en el debate del proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional (FGS), que contempla la renegociación de la deuda que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses.
El tratamiento del dictamen de mayoría comenzó cerca de las 17.30 en una sesión especial mixta -presencial y virtual-, en la que la directora general de la Anses Fernanda Raverta, y el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Lisandro Cleri, siguen las alternativas de los debates desde los palcos del recinto.
Al abrir el debate en nombre de la mayoría, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), destaco “el amplio acuerdo” logrado entre las fuerzas políticas sobre las deudas entre las provincias y Anses, y sobre el cambio de financiamiento para pagar el retroactivos establecidos en la ley de la Reparación Histórica.
“Venimos a restituir la situación original ya que se garantiza que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad será el garante de todo el sistema previsional y no solo para las personas que tienen que cobrar la reparación histórico”, dijo Heller.
En ese sentido, el legislador oficialista aclaró que “se cumplirán con los acuerdos homologados en sede judicial bajo el programa de Reparación Histórica”.
También recalcó que con la nueva norma se eliminará “la posibilidad de vender activos (del FGS) para no se destruya ese patrimonio que es un garante permanente del conjunto del sistema previsional”.
En su discurso también destacó que la creación de un Fondo Fiduciario que permitirá invertir en “sectores estratégicos para el Estado nacional y fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico”.
Por el lado de la oposición, el diputado de izquierda Nicolás del Caño explicó los motivos por el cual presentó un dictamen de minoría y volvió a insistir en la necesidad que la Anses sea “administrado por los trabajadores y los jubilados y pensionados que son sus verdaderos dueños”.
El radical Luis Pastori dijo que con esta ley “se resuelve que durante 90 días se renegocien los contratos entre Nación y provincias, donde el monto del acuerdo sea la suma de las amortizaciones del capital y los intereses devengados, proporcionales, a la fecha de refinanciamiento de cada amortización, correspondiente a los años 2020 y 2021, es decir que comprende los préstamos de 2016 y 2017”.
“Cada amortización será refinanciada a partir de su fecha de vencimiento y por un plazo de 8 meses, que podrá ser ampliado por otros ocho meses más”, explicó Pastori.
Además, el legislador radical pidió que “mientras esté en tratamiento la ley no sean retenidos esos fondos a las provincias”.
