El 90 por ciento de las personas que ocupan el predio de más de cien hectáreas en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, y que será desalojado el próximo jueves 1 de octubre por orden judicial, son desempleados que no pueden afrontar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellos son mujeres en situación de violencia de género.
Los datos se desprenden del censo que realizó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Télam, en el marco del Plan de Intervención Integral, solicitado por el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, para abordar el desalojo que debe realizarse el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes.
En ese marco, la Mesa de Articulación- compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata- trabaja contrareloj para lograr la desocupación del predio el próximo jueves.
La idea es ubicar a los ocupantes -que se encuentran instalados en precarias casillas armadas con maderas y cercadas en parcelas delimitadas con alambres o cintas- en los mismos distritos de donde provienen, aunque la mayoría, al tomar contacto con los funcionarios, declaró domicilio en el partido de Presidente Perón y no tener un empleo fijo, “salvo esporádicas changas”.
Acompañados por movimientos y organizaciones sociales, los ocupantes integran una Mesa de Diálogo, de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.
Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mantiene contacto con el juez de la causa, a quien le pidió negociar “una salida sin violencia” del predio que es reclamado por una sociedad anónima y que -según quienes lo tomaron- se encuentra abandonado “desde hace 40 años”.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad provincial tiene dispuesto unos 500 policías para realizar el operativo de desocupación y cumplir con lo dispuesto por la Justicia, que le recomendó al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta efectuar el desalojo “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
“Deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”, se aconsejó y se ordenó que también “deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19”.
“Las familias todavía están. Por la noche algunas se quedan a dormir, otras no, hay más gente de día, y se intentará relocalizarlos”, dijo a Télam la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, quien consideró “lógica” la resolución del juez de la causa de impulsar el desalojo.
“La gente que formó parte de la toma tuvo tiempo para hacerse a la idea que tiene que desalojar un lugar”, explicó Cantero, que se reunió ayer con intendentes de la región y los ministros Larroque y de Justicia, Julio Alak, con quienes analizó la forma de desalojar “sin violencia”.
Del encuentro también participaron los jefes comunales de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; Florencio Varela, Andrés Watson; Ezeiza, Gastón Granados, y representantes de Esteban Echeverría.
Para abordar la situación, el Gobierno provincial realizó un censo, en el que se identificaron -de modo aéreo- 2.127 “hechos físicos”; es decir, pequeñas construcciones, en parcelas, con distinto nivel de precariedad levantadas por los ocupantes.
Debido a que no hay una cantidad de personas fijas en cada construcción, el censo no pudo determinar un número total de ocupantes del predio, pero se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas.
Los números arrojaron que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).
Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes y el censo reveló que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica; es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo.
Acerca de la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad.
Respecto a las razones por las cuales ocuparon el predio, a la requisitoria respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.
En tanto, fueron encuestadas 1904 personas sobre su procedencia: 806 (42,3%) personas se negaron a responder. De las 1098 personas (57,7%) que respondieron, unas 840 (76,5%) declararon pertenecer a Presidente Perón, y 258 (23,5%) provienen de diferentes partidos del Gran Buenos Aires.
El abogado Eduardo Soares, letrado de La Gremial que asesora a a las familias que ocupan los terrenos, contó a Télam que las autoridades “ofrecieron la inscripción a un registro de asistencia y seguimiento hasta que la situación se resuelva”.
“La gente no tiene donde ir. Por protocolo de la Suprema Corte de la provincia no se puede desalojar sin antes resolver cuestiones específicas vinculadas con el derecho a la vivienda“, afirmó.
La toma se desarrolla desde julio pasado en un predio de unas 100 hectáreas en Guernica que fue ocupado, en un principio, por unas 2.500 familias.
La resolución del juez Rizzo indicó que “una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria, los mismos a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enriquez, Andrés Ríos, y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.”.
Incertidumbre, reclamos y temores ante el desalojo
“Los invitamos que entren a la toma el día que quieran para que vean cómo vivimos y corroboren con sus propios ojos lo que se vive acá”, dijo en diálogo con Télam Claudio, un joven desocupado que vive de changas esporádicas en una de las parcelas tomadas, junto a una precaria habitación que levantó con palos, cuyo techo está cubierto por un plástico negro.
La toma se divide en cuatro segmentos, identificados con las Asambleas de delegados de La Unión, San Martín nuevo, 20 de Julio y La Lucha: cada una de ellas articula, en forma interna, el acompañamiento a las familias y recibe los alimentos y agua que proporciona el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Los censistas recorrieron el predio durante varios días y se encontraron con que muchos de los ocupantes son reacios a dar información, ya que argumentan que en el relevamiento les pueden “abrir causas penales por usurpación”.
La composición y realidad de cada grupo familiar es distinta. Muchos llegaron desde distintos barrios del partido de Presidente Perón y otros de Almirante Brown.
“Me avisó un amigo que estaba la posibilidad de conseguir un terreno. Pagaba diez mil pesos de alquiler, pero ahora por la pandemia no tengo trabajo, no puedo seguir pagando una vivienda, hago algo de carpintería, y entonces me vine a la toma”, confiesa Miguel.
Cada día en la toma, el ir y venir de gente en el predio es incesante. El lodazal en que se han convertido las parcelas por la lluvia impide el acceso de los vehículos.
“Ahora no podemos traer ninguna madera, nada, porque la policía nos quita todo”, dice Lorena, una de las integrantes que accede a dar respuesta a las preguntas del censo.
El Ministerio de “Desarrollo de la provincia nos trajo mercadería y agua y los delegados de las asambleas las reparten. Me preocupa el desalojo ¿A dónde vamos a ir ahora?. Soy mamá de 7 nenas, del barrio ’20 de Julio’, y en el censo despejamos las dudas. Y mi esperanza es que el juez se apiade y no deje a las familias en la calle”, concluyó la mujer.
