La Procuración General de la Nación opinó a favor de la intervención de la Corte en el caso de la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires hecha por el
Gobierno nacional y de una cautelar que suspenda la medida, confirmaron a Clarín fuentes judiciales. El dictamen está firmado por la subprocuradora Laura Monti, especialista en el tema.
La Corte le había pedido al titular de la procuración, Eduardo Casal, que dictamine si tiene competencia y si corresponde dictar una medida cautelar que frene esa quita millonaria, tal como pidió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Rodríguez Larreta había presentado el pasado 18 de septiembre su reclamo por la reasignación de partidas, y solicitó que “se restablezca en forma inmediata el derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % en el Consenso Fiscal”.
“El Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional”, señaló Monti en un dictamen al que accedió este diario.
En ese sentido, Monti sostuvo que “de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986″.
Incluso el dictamen de 12 páginas, señala que “sin perjuicio de lo expuesto, requiere el dictado de una medida interina con los alcances de la tutela precautoria solicitada y con vigencia hasta la notificación de la sentencia que resuelva la medida cautelar solicitada”.
Horacio Rodriguez Larreta
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentado lo anterior, toda vez que en el sub lite el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia”, agregó el dictamen de la Procuración.
El viernes la Corte Suprema de Justicia envió al procurador la demanda y el pedido de amparo de la Ciudad, que busca evitar el recorte de fondos, en el marco de la reasignación de partidas de coparticipación dispuesta por el Gobierno nacional para la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de la provincia de Buenos Aires, tras la protesta de la policía Bonaerense de hace dos semanas.
Los reclamos de la Ciudad llegaron el martes a la sede de la Procuración para que Casal valore si el conflicto está dentro de la competencia originaria de la Corte -sobre diferendos entre provincias- y si corresponde otorgar el amparo que suspenda la decisión del Poder Ejecutivo.
La opinión de Casal, no vinculante, es otra instancia de las acciones judiciales planteadas por la administración porteña en contra del Decreto 735/2020, que recuperó el punto de coparticipación que Mauricio Macri había cedido en 2016, también por decreto, a la Ciudad de Buenos Aires.
En el escrito presentado hace una semana, con la firma de la apoderada María Cristina Cuello, se solicitó que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 por ciento originado en el Consenso Fiscal”.
“En consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”, se solicitó en la presentación.
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta también interpuso ante la Corte una acción de amparo, en la convicción de que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está legitimada a iniciar la presente acción de amparo y reclamar en juicio la invalidez de actos que vulneran atribuciones y poderes inherentes a su autonomía política”.
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