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El proyecto de Ley impulsado por el oficialismo que contempla la aprobación de un convenio entre Ciudad y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía y fija ese monto en 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses, será llevado al recinto de sesiones el próximo jueves, en medio de una disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que se opone al recorte de la coparticipación a la Capital.
El expediente fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en 2016.
El proyecto establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.
El interbloque de Juntos por el Cambio ya adelantó su posición contraria en medio de la polémica abierta cuando el Gobierno nacional anunció días atrás la reasignación de partidas de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de provincia de Buenos Aires.
El “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, firmado por el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016, es un proceso gradual según el cual entre 17 y 19 mil policías federales pasarían al ámbito de la Ciudad.
El convenio estableció la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal.
El texto enviado al Senado por el Poder Ejecutivo determina ahora que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos para esas dependencias.
La propuesta especifica además que la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.
El artículo cuarto de la iniciativa establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo dos en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, añadió el texto enviado a la Cámara alta.
El oficialismo apuró los tiempos del proyecto y en una semana obtuvo dictamen, luego de escuchar a la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; y a una decena de expositores que se pronunciaron a favor y en contra de la medida.
Desde el Frente de Todos, que gracias a la mayoría absoluta que mantiene ese bloque en la Cámara alta obtendrá la aprobación de la iniciativa que deberá ser girada a Diputados, defendieron la medida como un acto de “justicia”.
“El convenio que se hizo en su momento subió la coparticipación del 1,4 a 3,75 por ciento. Eso fue un invento. El número es totalmente irreal. El expresidente (Mauricio) Macri quiso beneficiar a un dirigente de su propio partido político transfiriéndole recursos injustamente”, opinó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el peronista cordobés Carlos Caserio.
Además, afirmó que “lo que hace el Gobierno nacional es actuar con justicia” porque “pagará el convenio como corresponde, no como la Ciudad quiere”.
Por el contrario, para el opositor porteño Martín Lousteau la quita de fondos a la Ciudad tiene “intencionalidad política” y la definió como “lo contrario a la autonomía: es el centralismo que castiga en función de las afinidades políticas y no castiga a los dirigentes, castiga a los ciudadanos”.
