La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Lorena Pokoik sostuvo hoy que el Gobierno de la Ciudad “ajusta en los servicios más esenciales”, como la salud y la educación, y dijo que la insistencia de la administración de Horacio Rodrìguez Larreta por las clases presenciales “es marketing político”.
En una entrevista con Télam, Pokoik, quien preside la Comisión de Educación de la Legislatura, apoyó además a las enfermeras y enfermeros de los hospitales públicos porteños que reclaman ser reconocidos como profesionales.
-Télam: ¿Qué opina sobre las diferencias entre el Gobierno de la Ciudad y el de Nación por la vuelta a clases presenciales?
-Lorena Pokoik: La insistencia del Gobierno porteño con la vuelta a clases presenciales no tiene que ver con una preocupación por los estudiantes ni por lo pedagógico: es marketing político. No les preocupa la educación y la evidencia es la falta de 23.000 vacantes, el no cumplimiento del plan de construcción de escuelas, la falta de nombramientos de cargos docentes, la mala calidad y cantidad de la alimentación en los colegios y el pésimo estado de infraestructura escolar.
-T: ¿Cómo definiría la política del Gobierno porteño en educación?
-LP: En el paradigma del Gobierno de la Ciudad el conocimiento es una mercancía, es un bien al servicio del mercado. La profundización de la brecha digital que venimos denunciando hace años estalló con la pandemia. Al ser digital la cursada y no haber dispositivos ni conectividad en los barrios donde vive la población más vulnerable, muchos chicos, o no comenzaron el ciclo lectivo o tuvieron que desertar. Ante esta situación, correspondía a la Ciudad adquirir dispositivos, distribuirlos, otorgar conectividad y pensar un plan de revinculación pedagógica. El Gobierno nacional se hizo cargo de dar las computadoras, la conectividad y, a través de un convenio con universidades, una estructura de abordaje pedagógico para que el Estado llegue a la casa de cada estudiante y que ellos no tengan que exponer su salud yendo a patios de escuelas, a plazas o a calles. Estamos terminando el año lectivo y la Ciudad ni siquiera puede darle a la Nación los datos de los 6.500 estudiantes que perdieron el vínculo con la escolaridad.
La política pública de este Gobierno se planifica sobre el concepto de que hay ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Los pibes pobres no les interesan porque van a ser la mano de obra barata de las empresas que el mercado le requiere a este Gobierno neoliberal que sostiene Larreta. Un modelo neoliberal necesita un modelo educativo que prepare a una parte de los estudiantes para un mercado flexibilizado y precarizado donde no hay derechos. Por suerte hay una gran comunidad educativa -docentes, centros de estudiantes, cooperadoras- que entiende la educación como un bien público y el acceso al conocimiento como una oportunidad que iguala y construye ciudadanía.
-T: Llama la atención que si el Ejecutivo porteño tiene los datos de esos 6.500 alumnos no los proporcione.
-LP: No entendemos por qué el Gobierno de la Ciudad no entrega los datos para que cada una de esas cajas que están en un depósito tengan nombre, apellido y lleguen a destino junto con un promotor socioeducativo. No es casualidad que la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, para ninguno de los protocolos que presentó (a Nación) haya buscado un espacio de consenso con la comunidad educativa. Esas clases presenciales que propone no requieren que los docentes estén a cargo, van a mandar planta funcional del Ministerio a leer cuentos y hacer actividades que no son parte de la currícula formal.
-T: Enfermeras y enfermeros se movilizaron a la Legislatura para exigir ser reconocidos como profesionales de la salud, ¿cuál es su posición?
-LP: En primer lugar, reitero mi más enérgico repudio a la represión contra las enfermeras y enfermeros que fueron a la Legislatura a entregar un petitorio y se encontraron con un despliegue policial y una represión. Claramente, ordenar a la policía que reprima, es una decisión que toman los funcionarios políticos. Por otro lado, es paradójico que la Ciudad les exija un nivel de titulación para acceder al sistema público de salud y que, teniendo ellos un nivel terciario o siendo licenciados en enfermería no se los haya reconocido dentro de las 24 profesiones de la salud pública en la Ley (6.035 de CABA) que se votó a finales de 2018.
-T: ¿Cuál cree que es el motivo de esa decisión del oficialismo porteño?
-LP: Es un Gobierno que decide por dónde ajustar y en términos de salario ese reconocimiento puede representar entre 20 y 30 mil pesos. Si se suma toda la estructura de enfermería de la salud pública de la Ciudad es un dinero que están recortando. No podemos olvidar que este Gobierno ajusta en los servicios esenciales, no ajusta en la pauta publicitaria o en compras antidisturbios. En vez de igualar, aplacar los conflictos, generar el diálogo y entender que no tiene por qué haber ningún desborde social, compra primero las municiones.
-T: El documento de las enfermeras y enfermeros a la Legislatura pedía un proyecto de ley que los reconozca como profesionales, ¿en qué estado se encuentra esa iniciativa?
-LP: Es un proyecto de nuestro bloque que modifica esa ley incluyendo a las enfermeras y enfermeros. Tiene el apoyo de otros bloques, como la Izquierda, pero necesitamos que el oficialismo apoye porque tiene la mayoría.
