Italia votó el domingo pasado el recorte de la política: un referéndum para quitarle la banca a un tercio de los senadores y diputados: se pasará de los
945 actuales, sumando ambas cámaras, a los 600 que propone la reforma. En medio de la crisis económica y sanitaria más importante que ha sufrido el país desde la Segunda Guerra Mundial, el “que se vayan todos” se impuso.
El ahorro en términos económicos es menor: entre 57 y 82 millones de euros anuales, según los estudios realizados, donde la brecha corresponde a diferentes parámetros de medidas en gastos imputables y puestos indirectos. Pero es un gesto, dicen los sus impulsores en la derecha. Un reconocimiento al enojo de la ciudadanía con una casta política desprestigiada.
Derecha. La reducción del número de parlamentarios es una de las grandes auto reivindicaciones del Movimiento 5 Estrellas (M5S), que hoy impone su línea en el ejecutivo italiano a través de Luigi Di Maio, Ministro de Exteriores del gobierno de Giuseppe Conte. El recorte implica pasar de 630 a 400 los miembros en la Cámara de Diputados y de 315 a 200 los del Senado. Medida que había sido aprobada en octubre de 2019 (97% del Parlamento votó a favor), pero debió ser revalidada por un referéndum: 18,5 millones de italianos pasaron por las urnas, donde además se votaron las elecciones regionales del Valle de Aosta, Véneto, Liguria, Toscana, Marcas, Campania y Puglia.
Romano Prodi, ex primer ministro y ex presidente de la Comisión Europea, instó a votar por el NO. Lo mismo que Silvio Berlusconi. Pero son la “vieja política” con la que los votantes están enojados. Sus planteos solo reforzaron una línea de pensamiento.
La reforma entraría en vigor al final de esta legislatura en el 2023, y prevé un recorte del 36 por ciento del Congreso, en un juego populista que beneficia -según algunos analistas- a los partidos dominantes. Emma Bonino, histórica líder de los Radicales italianos, considera que el recorte de parlamentarios es un “atajo populista”. Para Di Maio, no se trata sólo de una cuestión de ahorro: “sirve para simplificar los procedimientos legislativos, en las comisiones parlamentarias en vez de en 45 se trabajará con 20 personas y esto es un numero más razonable”, argumenta. Beppe Grillo el cómico fundador del M5S, sostiene fiel a su extremismo que las dictaduras “funcionan mejor que las democracias”. “Acusar a la reforma de limitar la representatividad y la democracia es de locos, sobre todo porque quienes lo dicen han votado las leyes más absurdas y que deformaban los resultados de las elecciones”, critica Di Maio.
En España. Como en Italia, en el parlamento español, el partido de la derecha, Vox, también plantea recortar el Gobierno a la mitad para disponer de más recursos en la lucha contra el Covid. Santiago Abascal, su líder, defendió el argumento el miércoles pasado en la Comisión Constitucional del Congreso: propone que el Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez, recorte su tamaño eliminando tres de las cuatro vicepresidencias, y al menos diez ministerios, con el fin de poder “dedicar más recursos a la recuperación económica y deriva social que potenció la pandemia”.
Vox aboga en concreto por reformar la Ley de Gobierno de 1997 y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, para fijar un máximo legal de dos Vicepresidencias y de 12 departamentos ministeriales, de forma que el Consejo de Ministros esté integrado por un máximo de 13 personas, incluido el presidente, frente a los 23 actuales que se reparten en el Ejecutivo el PSOE y sus aliados de izquierda: Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que tiene vínculos con el oficialismo local: Pablo Gentili, ex mano derecha de Iglesias (era su Jefe de Gabinete), hoy ocupa una secretaría en el Ministerio de Educación que maneja Nicolás Trotta.
Vox insta a Pedro Sánchez a realizar una auditoría de las Administraciones Públicas -en un plazo de seis meses- que detecte aquellas entidades públicas, observatorios y organismos autónomos que no realicen funciones esenciales, y que tengan fines meramente ideológicos o que no sirvan al interés general, procediendo inmediatamente a su disolución. Los de Santiago Abascal sugieren que aquellos ministerios que, a su juicio, no desempeñen actualmente tareas indispensables se supriman o se les rebaje de categoría, al igual que el sueldo de sus titulares.
“Los españoles cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de sostener el Estado del bienestar y deben recibir un mensaje claro e inequívoco de que su esfuerzo diario y su sacrificio individual en favor del superior interés de la comunidad se dirige correctamente”, marca en comunicado que Vox dio a conocer en la semana, en el que insta a “dirigir todos los esfuerzos económicos del Estado a proteger la economía española, el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así como a mantener las prestaciones públicas que aseguren la cobertura de las necesidades reales de los españoles”.
Según Vox, el Gobierno presenta actualmente “una mastodóntica y extensa estructura” que cuesta anualmente 15,84 millones de euros en sueldos de altos cargos. Y señala “la obligación ética y moral de impulsar políticas que disminuyan la carga para los ciudadanos”.
Como en Italia, la izquierda lo resiste. Según Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, se trata de una “ola reaccionaria y centralista”. Reconoce que el Consejo de Ministro en el que se sienta “tiene el reto de sacar adelante unas cuestas públicas que no son normales”, y que la pandemia ha agudizado la “crisis social, sanitaria y económica” en los últimos seis meses. Pero responsabiliza a PP, Vox y Ciudadanos de atentar contra “un Estado Federal” en favor de su mirada “centrista” que recorta voces.
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