La Corte Suprema tratará mañana en “acuerdo extraordinario” el pedido de “per saltum” de los tres jueces que resisten la medida del Senado de suspender sus traslados por haberse consumado sin su acuerdo, como estipula la Constitución.
En rigor, se trata de una iniciativa del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que “los planteos de los jueces (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Germán) Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”.
“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, dijo el presidente del máximo tribunal desde 2018.
En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara.
En ese trámite, Bruglia y Bertuzzi recibieron hoy un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.
La Corte tratará mañana, entonces, el pedido de “per saltum” de los jueces para que entienda exclusivamente la instancia más alta de la justicia, aún cuando ese pedido podría quedar abstracto si la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal define y deja a la Corte como instancia final.
La situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli escaló políticamente desde julio de este año, cuando el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo.
Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida porque, sostuvieron, atentaba contra las “garantías” que debe gozar un juez para cumplir su tarea.
Los jueces obtuvieron el apoyo de sectores de la oposición, principalmente de dirigentes de Juntos por el Cambio, el respaldo de parte de la sociedad y de referentes de la denominada “corporación judicial”.
En vísperas del fallo que los supremos darán a conocer mañana, manifestantes opositores realizaron ayer un “escrache” frente a la casa de Ricardo Lorenzetti, actual ministro de la Corte, y quien fue su presidente durante más de una década.
Con bocinazos, banderas argentinas y carteles, una caravana de autos realizó una protesta frente al domicilio de Lorenzetti en Rafaela, Santa Fe, una iniciativa que muy rápidamente cosechó el rechazo de todo el arco político.
El presidente Alberto Fernández elevó la acción de los manifestantes a “lo más vil del fascismo y nazismo” y se solidarizó con Lorenzetti, al igual que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que dijo que “se está generando violencia y atentando contra el orden democrático”.
Desde la oposición, el expresidente Mauricio Macri señaló en su cuenta de Twitter que “La Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar.
En igual sentido, se pronunció el principal dirigente de la oposición con responsabilidad de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, también en su cuenta de Twitter, cuando señaló que “repudio profundamente los hechos ocurridos frente a la casa de Lorenzetti. Me solidarizo con él y con su familia. Todos tenemos que trabajar, siempre, por una Justicia independiente”.
