La investigación que permitió cortar una de las rutas de contrabando de teléfonos de alta gama que ingresan al país desde la ciudad de Miami, comenzó hace varias semanas y culminó en los últimos días con una serie de operativos que, no solo confirmaron la hipótesis inicial, sino que además sirvieron para decomisar uno de los últimos envíos.
Los procedimientos fueron coordinados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a pedido del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo de Alejandro Catania.
Los voceros precisaron que se secuestraron 26 teléfonos celulares -en su mayoría iPhone- y una notebook de una reconocida marca. Además, incautaron una gran cantidad de accesorios para telefonía, como cables cargadores, cabezales, fundas, vidrios templados y estuches.
La pesquisa, llevada adelante por la PSA -dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic-, determinó que los dispositivos electrónicos provenientes de Miami se comercializaban en un local de venta de indumentaria del barrio porteño de Villa Urquiza.
Según las fuentes, en uno de los operativos hallaron un rifle de aire comprimido y también se incautaron de otros artículos no declarados, entre ellos 109 cajas de anteojos de distintas marcas. Se estima que la mercadería confiscada en los operativos, a valor del mercado actual, supera los 4.5 millones de pesos.
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“El modus operandi que la PSA logró neutralizar forma parte de la actuación de organizaciones transnacionales criminales dedicadas al contrabando que la actual gestión de la PSA como del Ministerio de Seguridad procuran desarmar”, explicaron desde la fuerza de seguridad.
En los operativos también se decomisó una importante cantidad de moneda nacional y extranjera y documentación de interés para la causa que lleva a cabo el juez Catania.
De acuerdo a las fuentes, “estos delitos se han incrementado producto de la expansión de su importancia en la vida cotidiana de las personas” y “requiere de un trabajo de investigación y articulación con el Poder Judicial para su mitigación”.
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“En el caso de la telefonía celular, por ejemplo, se desconoce el origen, si fueron adquiridos legalmente por el vendedor, contrabandeados o robados. Carecen de la garantía del comercio oficial y los consumidores pueden ser fácilmente estafados”, añadieron los voceros consultado.
El contrabando, que viene enfrentando la actual gestión de ambas agencias del Estado, alimenta una industria ilegal que ofrece productos a valores menores a los del mercado común, entre otros motivos, por estar originados en delitos previos. Un Iphone 11 Pro, por ejemplo, cuesta en Argentina entre 250 mil y 400 mil pesos, mientras que un Samsung Galaxy S20 oscila entre 120 y 150 mil pesos.
LN CP
