El jefe del PJ porteño Víctor Santa María y el gobernador salteño Gustavo Sáenz fueron acusados de censurar a los periodistas de la filial salteña de la radio AM750, quienes tuvieron que levantar una nota
de su portal digital y de las redes sociales que criticaba al mandatario provincial. Además, les cancelaron el convenio para retransmitir los contenidos generados en la radio AM750 de Buenos Aires, manejada por Santa María.
El director de La750 Salta dijo que en estos días tienen que “cerrar el portal digital, las redes sociales y ver cómo hacemos para seguir adelante con la radio”, sostuvo Nahuel Sánchez, en diálogo con Clarín.
En cambio, desde la AM750 de Buenos Aires, negaron actos de censura y le dijeron a Clarín que, en realidad, hay una “reorganización de las emisoras salteñas”, donde se busca complementar la edición de Salta/12 con los contenidos de la AM750. Según esas fuentes, en Rosario, Salta y otras localidades, donde tienen al diario Página/12 “como lugar cabecera”, están generando una reestructuración para “potenciar” a la AM750.
Nahuel Sánchez, director de La750 Salta, difundió este miércoles un comunicado y un video en el que anunció su cierre y denunció “censura y violación a la libertad de prensa por parte del gobierno de la provincia de Salta y Víctor Santa María”.
En un video posteado en Facebook, el director de La750 Salta (FM 92.7) planteó por qué “estos serán los últimos días” de la emisora. Nahuel Sánchez contó que el viernes 21 de agosto publicaron en la web de la radio una nota titulada Gustavo Sáenz: El Gran Relator. “Un par de horas después recibo el llamado de Martín Plaza”, coordinador de la Casa de Salta en Buenos Aires, en la que le solicitaba, a pedido de Sáenz, “que bajemos la nota”, dijo el director de La750 Salta.
La Asociación de Periodistas de Salta se solidarizó con La750 Salta y emitió un comunicado titulado “La libertad de prensa bajo amenaza en Salta”. Allí los periodistas plantearon que “este acontecimiento viene a completar una serie de atropellos contra la libertad de prensa que ya venimos denunciando desde APES, y que ponen en peligro la convivencia democrática, el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo”.
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