El Gobierno bonaerense
solicitó este miércoles una nueva prórroga, hasta el 14 de octubre, para el desalojo de un predio ocupado de manera ilegal en Guernica, ordenado por la Justicia para este jueves a las 10.
La comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, solicitó al Juez de Garantía N°8 de La Plata (con sede en Cañuelas), Martín Rizzo, que se prorrogue el desalojo del predio de Guernica para el miércoles 14 de octubre.
La solicitud se realizó este mediodía durante la audiencia solicitada por el Gobierno provincial para informar los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado, se informó oficialmente.
El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras ocupadas en julio pasado en un predio en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, donde, según el censo del Gobierno bonaerense, hay 1.309 familias ocupando un espacio de 100 hectáreas.
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien postergó la desocupación de los terrenos hasta mañana, y ahora deberá decidir sobre un nuevo pedido de postergación.
La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, indicó que “ya hay familias que han abandonado la toma” de los terrenos en Guernica “a la espera de lotes con servicios”, un día antes de la fecha prevista para el desalojo del predio por parte de la Justicia.
El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, agregó que “se está trabajando contra reloj” para darle una solución a las familias que aún permanecen en el lugar.
Con ese objetivo, el Gobierno bonaerense promueve la firma de un acta compromiso en la que los ocupantes se comprometen a abandonar el lugar a cambio de recibir una respuesta de las autoridades a su problema habitacional.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, reveló que esas familias “se pusieron a disposición de las soluciones que puede brindar el Estado” y señaló que se mantendrá una audiencia virtual con el juez de la causa para contarle el trabajo que viene desarrollando la mesa interministerial que abordó la problemática de la toma y el censo realizado en el lugar.
En el censo, al que tuvo acceso Télam, se tomó conocimiento de la real situación en el predio, en el que el 90 por ciento de las personas que lo ocupan son desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar son mujeres en situación de violencia de género.
La idea es ubicar a los ocupantes -que se encuentran instalados en precarias casillas armadas con maderas y cercadas en parcelas delimitadas con alambres o cintas- en los mismos distritos de los que provienen, aunque la mayoría, al tomar contacto con los funcionarios, declaró domicilio en el partido de Presidente Perón y no tener un empleo fijo, “salvo esporádicas changas”.
Debido a que no hay una cantidad de personas fijas en cada construcción, el censo no pudo determinar un número total de ocupantes del predio, pero se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas.
Los números arrojaron que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).
Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes y el censo reveló que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica; es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo.
Acerca de la situación laboral, los adultos respondieron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad.
Respecto a las razones por las que ocuparon el predio, a la requisitoria respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.
En tanto, fueron encuestadas 1.904 personas sobre su procedencia: 806 (42,3%) personas se negaron a responder y, de las 1.098 personas (57,7%) que respondieron, unas 840 (76,5%) declararon pertenecer a Presidente Perón y 258 (23,5%) a diferentes partidos del Gran Buenos Aires.
Los ocupantes permanecen acompañados por movimientos y organizaciones sociales.
Los ocupantes integran una mesa de diálogo, de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.
Los abogados de “La Gremial”, organización que representa a los ocupantes presentaron al juez Martín Rizzo un análisis realizado sobre el terreno y manifestaron que la superficie “reúne las condiciones para ser objeto de intervención estatal”.
El predio “reúne las condiciones necesarias para poder ser objeto de intervención estatal para utilidad social, de acuerdo con la ‘Función social de la propiedad inmueble’, expresada en el artículo 12 de la Ley 14.449, buscando lógicamente instancias de compensación económica con los eventuales reclamantes, a través del pago de mensualidades”, señala el escrito.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad provincial tiene dispuesto unos 500 policías para realizar el operativo de desocupación y cumplir con lo dispuesto por la Justicia, que le recomendó al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta efectuar el desalojo “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
