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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá siete días desde hoy para contestar un pedido de acceso a la información sobre la compra de barbijos, solicitado en abril pasado por una ciudadana, en el contexto de la pandemia de coronavirus.
El titular del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo 23 de la Ciudad, Francisco Ferrer, determinó esa medida en el marco de la causa presentada por María Fernanda Strático contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta por la negativa gubernamental a entregar información sobre la compra implementos sanitarios.
El 13 y el 14 de abril de este año, Strático había realizado tres presentaciones en las que solicitaba información sobre una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño que anunciaba la compra de “15 mil barbijos por un monto de 45 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación directa”.
En el pedido de acceso a la información se había solicitado que se detallara el valor de los barbijos “discriminado por unidad”, las especificaciones técnicas, el número de modelo, la imagen de los barbijos comprados, si contienen o no válvula y todo dato complementario sobre los aspectos técnicos.
Según consta en la resolución, el 21 de abril, el Gobierno porteño comunicó la conformación del expediente pero aclaró que “haría uso de la prórroga contemplada en el artículo 10 de la ley 104”.
Mientras tanto, el 20 de mayo le comunicaron a Strático la negativa al acceso “por existir una causa de índole penal” en la que se investigaba esa compra.
Si bien el juez Ferrer confirma que “la información objeto del reclamo había sido requerida por el Fiscal” de esa otra causa penal, recordó que “el derecho de acceso a la información pública encuentra su fundamento en normas del más alto rango de nuestro ordenamiento jurídico, erigiéndose como un componente sustancial de las instituciones democráticas”.
En ese sentido, señaló que el Gobierno hizo una lectura “forzada” de una ley para negar la información.
La conducta de la administración aparece, “a todas luces, incompatible con los principios y finalidad del derecho de acceso a la información pública”, ya que “sugiere que Strático debería presentarse en otra instancia judicial, que tramita por ante otro fuero, en cuyo proceso deberá acreditar tener un interés legítimo para ser tenida como querellante”.
“La denegatoria de información solicitada” por parte del Gobierno porteño importa también una afectación a la participación y control ciudadano propiciados por la Constitución porteña en materia presupuestaria”, indicó Ferrer, quien el último lunes fijó un plazo de 10 días para contestar el pedido.
