La historia de una familia de cartoneros en la toma de Guernica: “Por primera vez sentimos que tenemos un hogar”

donde estaba su papá, en Florencio Varela. Lo de la mascota no encajaba de ninguna forma. No, hasta el 20 de julio. “Cuando vinimos acá, sentí que tenía un hogar”, dice despacito.

A unos metros, está la casita, cuatro paredes de planchas de madera y toldos de naylon, que su familia armó en la toma de Guernica. Alejo, de trece que parecen menos, toma mate con los vecinos de una chapería cercana y con su papá, a quien acompaña a juntar cartones todos los días en un carro tirado a caballo.

“No le puse nombre al conejito”, dice y se le apaga la cara. Alrededor, la mayoría de las casillas están vacías o con una sola persona que hace guardia. “Lo tienen en otro lugar”, cuenta y enuncia lo evidente: “Acá no se sabe si nos van a echar”.

El miércoles a última hora, la Justicia aceptó el pedido del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para postergar el desalojo de la toma. En las 100 hectáreas que ocupa el asentamiento en el partido de Presidente Perón viven unas 2 mil familias y, entre ellas, casi 3 mil niños, niñas y adolescentes.

“Anoche, no durmió nadie”, cuenta el papá de Alejo. Marcelo Spadafora Robles explica que su hija menor, Morena (11), y la madre, Mónica Guerrero, se fueron a dormir al barrio vecino. “En medio de la noche, se cortó la luz y había una sensación de inestabilidad muy difícil”, describe.

¿Miedo? “Mis hijos vienen acumulándolo hace mucho, en la calle o en esos lugares donde hay un solo pedazo de pan y son diez chicos para comer. Yo tengo 54 años. ¿Cuánto me puede quedar de vida? ¿10 años más? Quiero un terreno donde pueda edificar mi casa y dejársela a mis hijos cuando no esté. Quiero un lugar para que, si quieren criar a sus conejitos, lo hagan”.

Desde que lo liberaron, en 2014, Spadafora Robles tuvo algunos trabajos como pintor. “Pero se terminaba la obra y me despedían. Y nadie quiere tomar personas con antecedentes o viviendo en la calle”, aclara.

“Entonces, hace años vivimos de juntar cartones. Mi señora, si tiene que juntar huesos de la basura para hacer un guiso para nosotros cuatro, lo hace. Y tenemos la Asignación Universal por Hijo y un plan social que me dan 8500 pesos por mes”, relata. “Con eso no te comprás una casa. Yo soy pintor, tengo un oficio, pero no hay trabajo. Y me desespera mirarlos a mis hijos y decirles: ´Papá, ahora va a conseguir trabajo y un préstamo para conseguir una casa’. Mentira. Voy a ser un negro carrero que va a seguir juntando basura toda la vida”.

-¿Qué te gustaría que pasara ahora?

-Yo no me niego a dialogar, pero primero pido que me traten dignamente. Porque si se puede comprar con los recursos que yo tengo, quiero comprar.

Luz, una vecina, asiente a un costado: “Yo tampoco tengo problema. Si hay que pagar, yo pago. Porque escucho que la gente que, por ahí, no vivió esto te dice ‘andá a laburar si querés comprarte una casa’. Pero no es así.”

“Yo hace diez años me anoté en el plan de vivienda del municipio y voy a Desarrollo Social a pedir que me escuchen -cuenta la mujer-. Yo siempre quise comprar pero no me dieron la oportunidad. Me genera injusticia meterme en un lugar que no me corresponde, pero es que venimos esperando una respuesta que nunca tuvimos”.

Las organizaciones sociales, junto a los delegados de las familias, elevaron al Gobierno una propuesta de urbanización de una parte del predio, en el marco de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Además, critican la forma en la que la gestión de Kicillof platea realizar el loteo social de otra parte del terreno.

“Se trata de las regiones 5 y 6, que llevan décadas dehabitadas”, asegura a Clarín Horacio Rodríguez (19), uno de los delegados de la toma, y afirma que “es absurdo lo que quiere hacer el gobierno provincial, que primero quiere desalojar y después lotearlo”.

Spadafora Robles dice que está “podrido” de esperar y de la criminalización de los ocupantes del asentamiento: “Yo acá estoy acá, no porque no me importe la propiedad privada, estoy porque necesito un terreno. Yo me equivoqué muchas veces, pero no soy un sinverguenza. Yo no fumo porro, no tomo merca, no tomo vino. Si fuera un delincuente, saldría a robar. Pero no quiero más eso”.

“Tengo 54 años y me estoy dando cuenta de que se me termina la vida y sigo igual. Hubo un par de días que mis hijos no comieron. Yo vuelvo otra vez a la cárcel si querés, pero esta vez peleando por lo que me corresponde”, asegura y extiende sobre una tabla de madera los DNI de toda la familia. “Para que vean que no miento, que existimos”, dice y marca el teléfono de su esposa.

“Estoy muy triste”, saluda Mónica Guerrero (43) y dice a Clarín que los padecimientos de no tener techo son tantos que tiene vergüenza de que la escuche su marido.

“Vivimos con los dos chicos en la calle por casi seis años -continúa la mujer-, comía de lo que me daba la gente, muchas veces lo íbamos a visitar al penal y nos quedábamos viviendo ahí afuera del penal 23 porque no teníamos a dónde volver. Abajo del puente de Constitución, fui abusada sexualmente por otras personas en situación de calle. Y me daba miedo regresar”.

“Ahora estoy muy mal, me trae recuerdos malos que quieran desalojarnos y otra vez me voy a quedar en la calle. Yo nunca tuve una casa, pero lo que más me duele es no tener techo para mis chicos”, dice Guerrero. “Las personas que estamos en la toma seguimos sufriendo, no tenemos apoyo de nadie”.

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