En medio de la creciente presión del Gobierno contra la Corte Suprema, una diputada kirchnerista presentó en el Congreso un pedido de juicio político contra el titular del cuerpo,
title=”carlos-rosenkrantz”>Carlos Rosenkrantz, al considerar que incurrió en “mal desempeño y eventuales delitos” en el ejercicios de sus funciones.
El planteo de enjuiciamiento ingresó a la mesa de entradas de la Cámara Baja el 25 de septiembre, tres días después de que el titular de la Corte hiciera pública su decisión de convocar a un acuerdo extraordinario para que el máximo tribunal analice el pedido de per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados a Comodoro Py fueron anulados por un decreto del presidente Alberto Fernández.
“La Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”, dijo Rosenkrantz tras convocar a los integrantes del CSJ. Finalmente, días más tarde, la Corte declaró que el planteo de los camaristas y del juez Castelli era admisible y decidió analizar el conflicto para intervenir.
El proyecto es de Vanessa Siley, que además de diputada es integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados y secretaria del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
Vanessa Siley.
La iniciativa tiene 229 páginas y contiene además de fundamentos, varias sentencias firmadas por el magistrado que conduce el máximo tribunal de Justicia, a quien la legisladora K acusa por mal desempeño.
“El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”, argumenta.
Y agrega que “sin dudas, esta conducta es impropia y contraria a aquella que debe esperarse de un magistrado del más alto Tribunal de la República, más aún tratándose del mismísimo presidente del mismo”. Siley pone como ejemplo las sentencias dictadas en las causas de lesa humanidad en torno a la aplicación del beneficio 2×1 en los casos “Muiña” y “Rufino Batalla”, así como su intervención en el expediente “Ledesma”.
Sobre el caso Muiña, en la que se benefició a un condenado por delitos de lesa humanidad con el 2×1, la diputada esgrime que “los lineamientos jurídicos defendidos en el voto del señor Rosenkrantz resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad. Este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones”.
En el expediente Ledesma, sobre el apagón que se produjo an comienzos de la dictadura en el pueblo de General San Martin, Jujuy, durante el cual se secuestraron trabajadores, estudiantes y militantes, y en el cual se dictó la falta de mérito a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos. Según la diputada K, si bien la Corte no se pronunció sobre el caso, hay un vínculo entre la esposa del ministro de la Corte y un ex abogado de la azucarera y sobrino del imputado porque ambos forman parte de la ON “Cimientos”.
Las gestiones de Siley se enmarcan en las presiones que impulsaron desde la Casa Rosada y hasta de manera pública, para que la Corte no avale los reclamos de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, quienes confirmaron procesamientos contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos, y del juez Castelli, a quien buscan correr del tribunal que debe iniciar un juicio oral contra la ex presidenta.
Al respecto, recientemente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió que “queda ver si la Corte va a actuar conforme a la Constitución”, tal como, aseguró, lo hizo el gobierno al anular los traslados de esos jueces que se efectivizaron durante la administración de Mauricio Macri y que son cuestionados porque se hicieron sin contar con un nuevo acuerdo del Senado.
El Gobierno actuó conforme a la Constitución Nacional, el Senado actuó conforme a la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura actuó conforme a la Constitución Nacional y, ahora, lo que queda es ver si la Corte va a actuar conforme a la Constitución Nacional, que es el procedimiento que está en la Constitución”, apuntó el jefe de Gabinete de ministros.
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