Por un lado, el presidente Alberto Fernández dice estar dispuesto a dar señales para descomprimir la discusión judicial con la oposición. Por el otro, el cristinismo redobla la apuesta
y quiere llevar a juicio político a todos los miembros de la Corte.
El Gobierno -Alberto F.- observa que se trunca la estrategia de avanzar en tres frentes con la reforma judicial en el Congreso, el trabajo del Comité Asesor y el desplazamiento de jueces por sus traslados.
La reforma judicial se encuentra paralizada en la Cámara de Diputados luego de ser aprobada por el Senado, porque el Frente de Todos no consigue los votos y los aliados se niegan a sumir tal costo político sobre un tema que quema en la sociedad.
El trabajo el Comité Asesor o “la Comisión Beraldi” como la denominan los críticos en alusión al abogado de Cristina Kirchner que la integra, quedó devaluado de antemano. Ese cuerpo debe analizar el funcionamiento –y formular propuestas- de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.
Carlos Beraldi sale de la casa de gobierno luego del acto en el que Alberto Fernandez presentara el proyecto de reforma judicial. Foto: Marcelo Carroll
Y en el asunto de los traslados, el Ejecutivo –y en particular Cristina Kirchner- acaba de sufrir un revés con la decisión de la Corte de aceptar el tratamiento del per saltum planteado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que junto con su colega Germán Castelli son los tres magistrados que la Comisión de Acuerdos del Senado desplazó. Y todos, casualmente, están vinculados con causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta.
“La reforma judicial puede tomarse un año en tratarse, no tengo urgencia, que se agregue, se modifique o se corrija lo que sea necesario”, le dijo Alberto F. a un funcionario.
Ocurre que en la Cámara Baja hay bloques que venían acompañando al oficialismo como el lavagnista Consenso Federal, y que adelantaron que no la aprobarán. Y la postura crítica se extiende dentro del Interbloque Federal, que además de lavagnistas conforman justicialistas, socialistas y legisladores cordobeses. De manera tal que el Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para convertirla la reforma ley.
El otro gesto hacia Juntos por el Cambio, tiene que ver con el Comité Asesor. El mandatario le pidió al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que le ofreciera a la oposición sumar a 3 o 4 juristas de ese espacio, para “hacerlo plural”.
Este cambio que deslizan cerca de Alberto Fernández llega “demasiado tarde”, según algunos de los referentes de la UCR y del PRO.
Desde el radicalismo afirman que “nadie va a aceptar integrar ese comité por la sola presencia de Beraldi” y recuerdan que el mandatario “estuvo empoderado hace unos meses, y tuvo oportunidad de convocar a todos y no lo hizo”. En el macrismo consideran que “el Presidente dice uno cosa pero después hace otra y más que invitarnos a sumarnos debería desarmar ese comité que busca la impunidad de Cristina”.
El Gobierno no había participado a la oposición para integrar el comité en un primer momento, cuando se dio a conocer su conformación. El argumento era que se habían convocado a dos especialistas que no son afines al gobierno como Inés Weinberg de Roca y Andrés Gil Domínguez. Pero en la oposición aseguran que no hubo invitación porque la Casa Rosada sabía que no iban a aceptar sentarse en la misma mesa con Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner.
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