Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional llegará este martes 6 al país para tratar la renegociación de la deuda externa: para conocer los planes económicos y las “prioridades de política”
del Gobierno y sentar así las bases para negociar un nuevo acuerdo, que en realidad implica negociar un préstamo para poder pagar otro anterior.
Aunque es vox populi que el ministro Martín Guzmán ha logrado cautivar a la Ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva al punto tal que aceptó que Argentina negociara primero la deuda con los acreedores privados y después con el Fondo -lo que no tendría precedentes en el organismo- altas fuentes diplomáticas consultadas por Clarín en la comunidad extranjera de los organismos internacionales aseguraron que en el staff técnico no están contentos con la situación. Pero también advirtieron que la Argentina preocupa por lo que consideran abiertamente como “un desarme institucional” por parte de la dupla de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En particular las fuentes arrojaron un manto de dudas al cumplimiento del acuerdo marco incorporado por el FMI en abril de 2018, cuando adoptó una serie de exigencias para sus miembros sobre la necesidad de mantener en sus países políticas de buena gobernanza y de lucha contra la corrupción. No estarían a tono el embate sobre la Corte Suprema, el intento de una reforma judicial y el desmantelamiento de organismos clave de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero iniciado a partir de enero y profundizado bajo al amparo de la prolongada cuarentena con la que se buscó frenar la pandemia del coronavirus.
Tanto en su artículo IV como en su política de préstamos el FMI tiene como prioridad velar por la integridad económico financiera. Se entiende que la integridad económico financiera representa un pilar de la estabilidad macroeconómica. Y es lo que hace al marco Anticorrupción y Antilavado.
Uno de los “arquitectos” del marco normativo que tiene el FMI para abordar estos temas fue precisamente años después el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, quien ya no vive en Argentina. Su sucesor en la UIF, el abogado kirchnerista Carlos Cruz inició una razzia contra profesionales y técnicos que participaron en distinto grado de las investigaciones que colaboraron con la justicia sobre las causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas, en especial contra la ex presidenta, incluyendo las que hacen a maniobras de lavado de dinero.
También siguen especialmente en Washington los movimientos en la Oficina Anticorrupción, la AFIP, la Procuración y la Justicia. “Esta claro que con fines de impunidad se ha puesto en marco un mecanismo que apunta al desarme institucional de los vectores principales de la protección de la integridad financiera y que eso puede atentar contra la sustentabilidad del programa. Si el programa llega al Board del FMI sin condiciones vinculadas a la integridad financiera, podría ser un escándalo”, aseguraron fuentes internacionales que pidieron el anonimato.
En lo que hace a la UIF, otras acciones u omisiones que causan polémica son: La Ruta del Dinero K, donde en lugar de pedir 16 años para el empresario beneficiado altamente por el gobierno K, Lázaro Baez, piden 8; sobre la causa contra el ex vicepresidente Amado Boudou, se abstuvieron de apelar su domiciliaria; en lo que hace a la causa por los Cuadernos de la Coima no apelan el archivo de las actuaciones de Martínez di Giorgi; en la causa que apunta al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, no impulsan el decomiso y recupero se activos robados que se encuentran embargados en Turks & Caicos. Sobre Hotesur/Los Sauces, causa que afecta directamente a la hoy vicepresidente y a sus hijos, no impulsan el inicio del juicio oral, pese a que pasaron dos años desde que se elevó la misma. En la causa por Vialidad, buscan torcer el foco de la acusación para hacer hincapié en el delito precedente de evasión impositiva y no en la corrupción, para que así sea sólo un problema de Baez y eso tenga impacto también favorable en Hotesur.
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