La presidenta de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, rechazó este lunes el planteo formulado por el fiscal ante esa instancia, Raúl Pleé, para que se dejen de buscar los registros audioviduales de las declaraciones de los “arrepentidos” de la “causa de los cuadernos” y le recordó que no asistió a la audiencia en la cual debió haber planteado su postura al respecto.
“A lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen nº 20.823 presentado el 29/9/2020 no ha lugar, atento que la medida dispuesta es competencia de la Presidencia de esta Sala en la conducción del proceso”, sostuvo la jueza en una breve resolución que le demandó menos de una carilla.
En el mismo texto le indicó al fiscal Pleé que “el tenor de las manifestaciones que formula son propias de aquellas que debieron ser vertidas en la audiencia de informes prescripta por el art. 465 CPPN, celebrada con fecha 24/9/2020, debidamente notificada a las partes, a la que el señor Fiscal General no concurrió, como tampoco ningún otro representante del Ministerio Público Fiscal que integra”.
La jueza Figueroa respondió de esa forma al escrito con el que el fiscal de casación había sostenido que son válidas las actas que dieron cuenta de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos del remisero Oscar Centeno (sobre presuntas coimas en la obra pública), en el que remarcó que fueron firmadas por estos imputados, sus defensores y los fiscales de primera instancia.
“Los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos”, había sostenido el fiscal ante el máximo tribunal penal federal del país en un escrito enviado a la Sala I de Casación, al que tuvo acceso Télam.
La discusión se da en el marco de la búsqueda de los registros de las declaraciones de los arrepentidos que, según la ley que regula materia, debieron haber sido registradas a través de los “medios técnicos idóneos” que permitan su evaluación posterior para que pueda observarse que aquellos que confesaron participación en diversos delitos no lo hayan hecho bajo extorsión.
Para las defensas de varios de los acusados, entre ellos la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, esas declaraciones debieron haber sido grabadas, por lo que plantearon la nulidad de los acuerdos alcanzados por los acusados y la fiscalía de Carlos Stornelli y avalados en su momento por el juez Claudio Bonadio.
En la búsqueda de esas declaraciones -y para saber si están en soporte audiovisual- Casación espera ahora que el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 informe qué tiene, luego de que el juzgado que ahora conduce el juez Marcelo Martínez de Giorgi (tras la muerte de Bonadio) y el fiscal Stornelli indicaran que no estaban en sus manos tales registros.
