La pasión por las armas se dispara en el Brasil de Jair Bolsonaro

el 60% entre enero y agosto de 2020, en relación al mismo período de 2019, una subida que preocupa a varias organizaciones por el posible recrudecimiento de muertes por arma de fuego.

Cumpliendo con una de las promesas que hizo el presidente cuando llegó al poder, hace casi dos años, el gobierno de Bolsonaro alteró a mediados de 2019 diversos decretos y una ley para flexibilizar el acceso a las armas, anulando algunos puntos vigentes del Estatuto del Desarmamento (2003).

Entre enero y agosto de 2020, más de 105.000 nuevas armas fueron registradas por la Policía Federal, de las que 70.000 corresponden a ciudadanos con permisos emitidos por el Ejército. Ese número de licencias supone un 59% más que en los primeros ocho meses de 2019 y el doble de lo concedido durante todo 2018.

Sin embargo, la meta de Bolsonaro de liberar el porte de armas -al estilo estadounidense- choca todavía con el Congreso, imprescindible para poner en marcha una nueva ley.

Industria en alza

Los sectores relacionados con las armas se han beneficiado de las nuevas normas.

Carla Manzi, de 55 años, es propietaria de una empresa especializada en diseño personalizado de armamento que no dejó de recibir pedidos, incluso durante la fase más aguda de la pandemia.

“Las armas vienen con un mismo diseño, la mayoría de color negro, sin mucha gracia. Las personas optan por un diseño personalizado para que quede más divertido y para quitar ese estigma de que el arma es una cosa horrible”, señaló a la agencia EFE.

Coleccionistas, tiradores deportivos y miembros de fuerzas especiales de la policía son sus principales clientes.

El avance de esa “nueva pasión nacional” también se refleja en el aumento de clubes de tiro en Brasil.

Para practicar tiros en locales reglamentados, hay que pasar previamente un test psicológico, uno de tiro y también por una evaluación del Ejército que permita la emisión de un certificado de registro.

Gran parte de los nuevos tiradores aficionados realizan sus primeros disparos en clubes como el dirigido por Wemerson Alkmin, en Valparaíso, en el interior del estado de Goiás (centro-oeste).

“La persona llega con la intención de comprar un arma de fuego y acaba comprando varias, porque disparar es realmente una práctica estimulante”, sostuvo Alkmin, de 39 años.

Su club abrió las puertas en febrero y ya dispone de más de 700 asociados, con una media de 100 nuevas matrículas mensuales.

Para Alkmin, la tendencia es que aumente el número de tiradores por los cambios legislativos favorables que se avecinan. Sin embargo, lamentó los altos costos de las municiones debido a la escasez de oferta local.

“Si abriésemos ese sector (a competidores extranjeros) el precio de las municiones bajaría e incentivaría a más personas”, alegó.

Uno de los principales defensores de esa abertura es el influyente Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y diputado federal bien relacionado con sectores conservadores de Estados Unidos.

Taurus y la estatal Imbel son las responsables de la mayor parte de las armas que circulan en Brasil, mientras las empresas extranjeras que quieren vender en el país enfrentan unos altos aranceles.

A pesar del proteccionismo, el país ha recibido solo en agosto de 2019 más de 25.000 revólveres y pistolas autorizadas por el Ejército, un montante sin precedentes.

En marzo de este año, el Ejército autorizó a la empresa DFA (Delfire Fire Arms) a fabricar pistolas y rifles de la marca eslovena Arex en el distrito industrial de Anápolis, en Goiás, a partir de 2021.

Están en negociaciones avanzadas la alemana Sig Sauer e Imbel para operar en una fábrica en el estado de Minas Gerais (sureste).

“El precio es crucial. Si alguna empresa extranjera lanza productos a precios bajos, las armas se venderán como el agua”, pronosticó Manzi.

Polémica y debate en el Senado

La flexibilización del porte de armas, una de las principales banderas de Jair Bolsonaro -antiguo capitán del ejército en la reserva-, ha estado en discusión en el Senado para la elaboración de una nueva ley que, en la visión del presidente, sirva para ampliar las libertades individuales y refuerce la seguridad pública.

Sin embargo, para Carolina Ricardo, directora ejecutiva del Instituto “Sou da Paz”, esas medidas pueden ser contraproducentes.

“En estudios realizados en los últimos años, nos dimos cuenta de que la mayoría de las armas incautadas eran legales, pero pasaron al mercado ilegal”, alertó en declaraciones a EFE.

La directiva de la ONG también avisó que “la presencia de una arma en ambiente de conflicto tiende a transformarla en letal”.

Brasil, un país con altos índices de violencia, registró en 2018 un total de 41.197 homicidios, 71,1% de ellos por armas de fuego, según datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública y el Instituto de Pesquisa Económica y Aplicada (IPEA).

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Por Alex Mirkhan, agencia EFE 

CB