Esta semana se cumplieron veinte años de la tarde en que Carlos Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia de la Nación, pulverizó la alianza de partidos que había llegado
al Gobierno diez meses antes y echó a rodar el tramo político de la tormenta en la que naufragarían primero Fernando de la Rúa y luego la Argentina.
Los políticos aprendieron algunas cosas de aquella experiencia. Una de esas cosas que quedaron claras es que las alianzas políticas son una buena herramienta para llegar al Gobierno, pero tienen una consecuencia no deseada: su permanencia es necesaria para gobernar. A veces cambian, y la alianza que sirvió para llegar al Gobierno es reemplazada por un nuevo acuerdo, en ocasiones con otros sectores, para poder permanecer hasta el final del mandato, pero esas modificaciones generan traumas que no todos los presidentes pueden soportar.
Hoy, la involuntaria lección de Álvarez ordena las acciones de las dos coaliciones, la del Gobierno y la de la principal fuerza opositora. Las dos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, saben que el que se divide pierde.
A mitad de camino entre la elección de 2019 y la de 2021, esa es tal vez la única certeza del escenario electoral que resultará irremediablemente condicionado por la pandemia y por la evaluación que hagan los votantes del modo en que el Gobierno nacional, las provincias y los municipios lidiaron con las consecuencias sociales y económicas de la enfermedad.
Si la premisa de esta nota es correcta, las dos coaliciones llegarán a 2021 con una configuración muy similar a la de hoy, pero aún es imposible saber si alcanzarán a contener el descontento y la rabia que crece entre algunos sectores muy movilizados políticamente, y que se paran en los dos costados de la grieta.
El Gobierno intentará hacer pie -aún no se sabe cómo- para arrancar lo que llaman “el camino de octubre a octubre” con alguna certidumbre.
Alberto Fernández apuesta a que las medidas de la semana pasada y sus conversaciones con empresarios alcancen para cambiar lo que él llama “el clima” en la economía. La escalada del dólar paralelo hace pensar que el clima no mejoró demasiado, pero en la Casa Rosada insisten en que el endurecimiento del cepo cambiario, que empeoró el humor social de manera muy perceptible, fue bien recibido por los empresarios que reclamaban dólares para importar insumos para la producción y bienes terminados.
Las medidas económicas para beneficiar a algunos sectores con potencial exportador, el voto contra el chavismo en las Naciones Unidas y la presencia del Presidente en el cierre virtual del Coloquio de Idea de la semana próxima van en ese mismo sentido: cambiar la visión de los empresarios sobre las intenciones de Fernández.
En el gabinete admiten que la frustración y el enojo por el alargamiento de la cuarentena ya no sólo cunde entre quienes tenían una mala opinión sobre el Gobierno desde antes de la pandemia. “Está todo el mundo enojado porque a todos la pandemia y la cuarentena les sacó algo. A algunos les sacó la escuela, a otros la posibilidad de ver a sus familias, a otros incluso el trabajo”, le dijo a Clarín un importante funcionario que admite que tiene que lidiar con sus propios hijos para que eviten concurrir a actividades prohibidas por los decretos.
La cuarentena, incluso, divide las aguas en el propio equipo del Presidente. Mario Meoni, ministro de Transporte, le pidió a Ginés González García que se habilite la circulación de los micros de pasajeros de larga y media distancia, además de los vuelos de cabotaje. El ministro de Turismo y deporte, Matías Lammens, también pidió que se habiliten actividades.
La suerte de esos pedidos quedará resuelta este fin de semana, cuando, luego del anuncio de la nueva etapa de la cuarentena que hará el Presidente este viernes por la tarde, se publique el decreto con la lista de prohibiciones. “Ni siquiera hay que anunciar más aperturas, con que saquen del DNU la prohibición, ya alcanza”, se entusiasmó uno de los funcionarios aperturistas”.
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