La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó la decisión del juez Ariel Lijo de desdoblar uno de los expedientes vinculados al caso Ciccone, que investiga la renegociación
de la deuda de Formosa con una consultoría -que se corroboró fue simulada- realizada por The Old Fund, firma del señalado testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, y dueña tiempo después de la imprenta. El juez del caso había decidido que ese cuestionado contrato por más de 7 millones de pesos, por el que está imputado el gobernador Gildo Insfrán, sea investigado en Formosa. Pero tras la apelación del fiscal Jorge Di Lello, se ordenó que el caso lo siga la justicia federal con sede en Formosa.
Sobre la apelación de Di Lello resolvieron los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, y le dieron la razón al entender que las imputaciones al ex vicepresidente, sus socios y los funcionarios formoseños refieren a los “mismos hechos”, y todos los acusados ya fueron “indagados sin resolver aún su situación procesal”.
El análisis de los camaristas sostiene que un tramo de los acontecimientos investigados habrían ocurrido íntegramente en la provincia de Formosa, con la intervención de funcionarios locales (y un particular cuya participación resulta inescindible de la de aquellos) y con la afectación de fondos provinciales. “Dicho eso, resulta sencillo concluir que al haberse desarrollado la presunta conducta delictiva en territorio provincial, por el principio de territorialidad delictiva- corresponde atribuir competencia a la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito, esto es, a la provincia de Formosa, más precisamente, a los tribunales con jurisdicción en la capital provincial”, dice la resolución a la que accedió Clarín.
El juez Lijo se había declarado incompetente en un tramo del caso, y resolvió que las autoridades provinciales involucradas sean investigadas por la justicia formoseña, en tanto él continuaría a cargo de las imputaciones contra Boudou, José María Núñez Carmona y Vandenbroele.
Al respecto, los camaristas indicaron ahora que diferían con el criterio de Lijo, ya que “a pesar de que habrían intervenido funcionarios locales y que habrían afectado el patrimonio provincial, el designio final de la maniobra habría sido modificar un convenio previo celebrado entre el Gobernador de aquélla provincia y el entonces Ministro de Economía de la Nación para reestructurar la deuda que la provincia tenía con la Nación y añadir, además del monto correspondiente al capital, ahora también los intereses”.
De esa forma -entendieron- “se verían involucradas cuestiones federales por cuanto se halla en juego el correcto y normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional, además de que se obstruiría y corrompería el buen servicio de empleados de la Nación”.
Entonces, consideraron que desdoblar el caso no era lo más conveniente, ya que el hecho de que hayan intervenido en la maniobra funcionarios públicos a nivel nacional y otros a nivel provincial “no aparece como suficiente –al menos en este caso- para dividir la investigación, pues que se trata de un hecho único con acciones concatenadas de imposible desmembramiento. Proceder de forma contraria podría enfrentarnos ante pronunciamientos contradictorios, brindando soluciones distintas ante un mismo supuesto delictivo”.
Así fue que ordenaron que toda la causa tramite en la justicia federal con sede en Formosa, que será la responsable investigar al gobernador Gildo Insfrán, a Inés Lotto de Vecchietti, Jorge Ubaldo Melchor, Martín Cortés, Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Alejandro Paul Vanderbroele. “En consecuencia deberán remitirse las actuaciones a la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia a fin de que desinsacule el Juzgado Federal con competencia en la ciudad de Formosa para continuar con esta investigación”, dispusieron los camaristas.
La causa investiga la maniobra por la cual Boudou, mientras era ministro de Economía, y José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal, a través de la firma The Old Fund, y de su representante Alejandro Vandenbroele, “habrían realizado un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1.180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor”.
El expediente sostiene que luego de asumir como ministro, Boudou firmó junto con Insfrán una adenda al convenio previamente rubricado por Cristina Kirchner, a través de la cual “se estipuló que la reestructuración de la deuda provincial no sólo incluyera al capital (como había sido pactado) sino también a los intereses, incrementando el valor del bono a emitir a la suma de 312.941.277,63 pesos; lo que permitió que The Old Fund cobre 7.667.161 pesos por un asesoramiento que nunca brindó“.
Durante la instrucción se determinó que se “simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera”. El objetivo, según determinó Lijo, fue el “cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa”.
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