Con pocas precisiones, el Gobierno lanzó el Plan Gas, con el que se buscan un ahorro fiscal de US$ 1.172 millones

de BTU extraído. De esa cifra, las distribuidoras pagarán entre US$ 2 y US$ 2,50, mientras que el Estado abonará entre US$ 1 y US$ 1,50 restante.

Los contratos se celebrarán por cuatro años. Según el Poder Ejecutivo, la modalidad supondrá un ahorro de US$ 5.629 millones en sustitución de importaciones y habrá un ahorro fiscal de US$ 2.525 millones con respecto al esquema actual.

Las distribuidoras de gas deberían estar pagando $ 185 por millón de BTU entregados, es decir algo más de US$ 2. Sin embargo, las firmas no están cumpliendo con esa previsión. Metrogas avisó que no pagará facturas de gas del último trimestre.

Para que las distribuidoras puedan pagar entre US$ 2 y US$ 2,50 por el gas entregado, deberían poder aumentar las tarifas. El Gobierno no contempla esa posibilidad para este año. Para el próximo, una porción del oficialismo cree que se avanzará en esa posibilidad (alentados por el ministro de Economía Martín Guzmán), mientras que otra (encabezada por Federico Bernal, interventor del Enargas) se oponen a esa posibilidad.

El Gobierno cree que el nuevo plan estímulo permitirá un incremento en la recaudación de US$ 2.525 millones para el Estado nacional y las provincias. La secretaría de Energía no explicó cómo se conforma esa cifra.

El precio tope que se pagará es de 3,70 u$s por millón de BTU. Habrá una asignación por cuencas (Neuquina, San Jorge), pero tampoco fueron especificadas.

Según dicen en el sector, las productoras competirán para colocar su producción. La base es 70 millones de metros cúbicos por día, que serán tomados por las distribuidoras o Cammesa -la mayorista eléctrica que compra gas para entregarle a las usinas-. La diferencia entre lo que paguen las distribuidoras y Cammesa (ese número de entre US$ 2 y US$ 2,50 por millón de BTU) lo pagará el Estado. Durante 2021, esto serían alrededor de US$ 1.491 millones.

Según el Gobierno, las empresas productoras se comprometieron a desembolar US$ 5.000 millones por estos estímulos. Hasta ahora, no se conocen planes de las compañías que puedan identificar donde estarán esas inversiones ni quiénes lo harán.

El nuevo esquema tendrá un costo fiscal de US$ 5.062 millones para el periodo 2021-2024, lo que generará un “ahorro fiscal” de US$ 2.574 millones. El Poder Ejecutivo no detalló cómo se obtuvo esta cifra. Se supone que tiene que ver con menores importaciones.

” El programa incentivará la inversión y la producción de gas, para satisfacer la demanda interna con gas argentino. Potenciará la generación de empleo y el desarrollo en las regiones productoras, tanto de sus Pymes y empresas regionales como del resto de la industria y la tecnología nacional”, según el anuncio oficial.

Según la presentación, el aliento a la producción nacional “sustituye importaciones de GNL y el consumo de combustibles líquidos, lo que genera certidumbre de largo plazo”. No está claro de cuánto será el volumen de sustitución de importaciones, ni el precio que se pagaría por la misma.

“Esto da previsibilidad de precio y plazo contractual a los productores, normalizando un mercado de gas que en los últimos años presentaba severas distorsiones, para satisfacer en forma eficiente la demanda de todos los segmentos”, según el lineamiento oficial.

Cómo es el plan, según informó el Gobierno

El comunicado que distribuyó la secretaría de Energía resume el plan oficial así:

– Se podrá sustituir importaciones, generando un ahorro por unos 5.629 millones de dólares y un ahorro fiscal de 1.172 millones de dólares hasta 2023.

– Se estima un incremento en la recaudación de US$ 2.525 millones, con participación equitativa de todas las regiones productoras.

– Generará miles de puestos de trabajo directo para operar nuevos equipos de perforación y sets de fractura.

– Con el nuevo esquema el costo fiscal total será de US$ 5.062 millones para el periodo 2021/2024, lo que generará un ahorro fiscal total de US$ 2.574 millones.

– El programa incentivará la inversión y la producción de gas, para satisfacer la demanda interna con gas argentino.

– Potenciará la generación de empleo y el desarrollo en las regiones productoras, tanto de sus Pymes y empresas regionales como del resto de la industria y la tecnología nacional.

– Se protege los derechos de los usuarios y consumidores actuales y futuros.

– Garantiza los puestos de trabajo en la cadena de producción, promoviendo el desarrollo agregado nacional en la cadena de valor de toda la industria gasífera.

– Sustituye importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y el consumo de combustibles líquidos, y genera certidumbre de largo plazo en los sectores de producción y distribución.

– Contribuye con el equilibrio de la balanza energética superavitaria a los objetivos fiscales del Gobierno.

– Se revierte la declinación de la producción, con sustitución de más de 18.000 MMm3 de gas y trabajo importado, incrementando el Valor Agregado Nacional en empleo, trabajo para las Pymes y empresas regionales, productos y servicios de industria y tecnología argentina.

– La inversión de las Empresas Productoras a lo largo del Esquema será equivalente a US$ 5.000 millones.

– El incremento de la recaudación fiscal a nivel nacional, provincial y municipal será de US$ 2.525 millones.

– Da previsibilidad de precio y plazo contractual a los productores, normalizando un mercado de gas que en los últimos años presentaba severas distorsiones, para satisfacer en forma eficiente la demanda de todos los segmentos.

– Permite armonizar la situación entre el precio necesario que fomenta inversiones con la tarifa que puede afrontar el usuario residencial.