Los jueces podrán acceder en 24 horas a las imágenes de las cámaras de seguridad que soliciten a la Ciudad

adolescentes. Escapaban de otro robo cuando se lo cruzaron: lo balearon en el pecho para sacarle el celular y pasó 10 días agonizando en el Hospital Argerich.

Fue el 10 de agosto en Necochea al 600 y 12 días después, cuando Fidelino ya estaba muerto, lograron detener a tres chicos de entre 15 y 17 años, no sólo por este crimen sino por otros dos asaltos a mano armada.

Para encontrarlos fue clave la investigación de la Fiscalía de Distrito de La Boca, a cargo de Susana Callejas, con el seguimiento en las cámaras de seguridad. Los detectaron en otros dos robos en Barracas y Pompeya, los encontraron escapando a la Villa 21-24.

Pero hay algo rudimentario en el proceso judicial para llegar a esas imágenes que ahora proponen acelerar para que el acceso sea en menos de 24 horas. Lo llaman “Biblioteca Digital” y lo presentó este miércoles el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli.

El proceso es así: cuando la fiscalía solicita al juez las cámaras de seguridad de una determinada zona, lugar o fecha, el magistrado debe autorizar un oficio que se dirige a la Policía porteña para que rastree esos videos y envíe las imágenes para ser usadas como evidencia en el proceso.

Ese trámite ocurrió 47 mil veces en 2019 en diferentes causas, de distinta gravedad. Y era, aunque parezca lejano, completamente analógico.

¿Qué significa? Que un oficio físico, un papel, muchas veces en manos de un policía, llega al Centro de Monitoreo con el pedido de imágenes. Esas imágenes hasta ahora, son grabadas en un CD o en un pendrive y trasladado personalmente por un agente de la Policía porteña en un patrullero o vehículo oficial.

Ese proceso, por su burocracia y por la cantidad de actores involucrados, puede demorar alrededor de 10 días. Cuando, por ejemplo, una audiencia de prisión preventiva, cuenta con 48 horas para recabar pruebas y definir la situación del detenido.

Es por eso que usaron uno de los servidores disponibles para el almacenamiento de las filmaciones de las 10 mil cámaras instaladas en el 51% de las calles porteñas para crear esta “Biblioteca Digital”.

¿En qué consiste?

La herramienta es parte del Sistema Integral de Video Vigilancia que se monitorea en los centros Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Chacarita, el de 9 de Julio y en la Villa 31 (que controla las cámaras instaladas en el Barrio 31 y 31 bis).

Con la estructura del sistema que ya existía para buscar las imágenes, crearon un espacio de almacenamiento que permite digitalizar el proceso, bajar los costos y agilizar el acceso a este material.

“La Biblioteca Digital es un servicio de acceso a exportaciones de video. Controlado, auditable y restringido, que permite ver las imágenes del centro de monitoreo al personal judicial que lo requiera. Tiene un tiempo limitado para su descarga y posterior visualización y utilización en los procesos judiciales”, explicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio lo realizó Diego Santilli junto a Marcelo D’Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad; y Gabriel Berard, el jefe de la Policía de la Ciudad; además de representantes de la justicia nacional y porteña.

Según dijo Santilli, “el sistema ya está disponible“. Pero el proceso será progresivo con la creación de usuarios y claves en los distintos juzgados y fiscalías con personal designado para obtenerlos. Además de la capacitación para el uso del programa.

Así, una vez que el juez autorice el oficio, las imágenes solicitadas serán rastreadas en el CMU, seleccionadas por personal policial y derivadas a este servidor. A quienes lo hayan solicitado se les asignará un VPN (una clave de red interna) para obtener el acceso. Con una clave token “de doble seguridad” podrán ingresar y estarán disponibles 30 días para ser descargadas.

Las imágenes de las cámaras de la ciudad permanecen 60 días en los servidores y se sumarán otros 30 para estas causas. 

“Es inaceptable la pérdida de tiempo en materia de seguridad. Esto ahorraría 10 días a los oficios que la Justicia requiere“, explicó Santilli. Además, advirtió que el ahorro, sólo en CD’s utilizados para grabar las imágenes, “alcanza los 5 millones de pesos”. Además de los recursos humanos y logísticos, aclaró.

Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales Nacionales y Federales, estuvo en la presentación y dijo: “Este fue uno de los desafíos que dejó la pandemia por el COVID-19. El funcionamiento del poder judicial cambió para siempre. Estas herramientas nos permiten objetivizar la información y mejorar el acceso”.

Santilli aprovechó la ocasión para cuestionar la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos de coparticipación que la Ciudad había recibido en 2016. “Confiamos en la Corte”, dijo cuando se refirió al recurso que presentó el Gobierno porteño para frenar la decisión.

Fue cuando hizo referencia al plan de duplicar la cantidad de cámaras instaladas en el territorio de la Ciudad para alcanzar a un 75% de las calles porteñas, algo que prometen lograr en cuatro años. 

EMJ