Senado: con más limitaciones, el oficialismo le dio dictamen a la Ley de Quiebras y Vicentin no podrá adherir

votos afirmativos la ley que suspende los concursos y quiebras hasta mitad del año que viene.

La oposición -que denunció una “tara ideológica” y un “sesgo anticapitalista y revanchista“- votó en contra. La iniciativa deberá volver a la Cámara baja para su sanción.

El proyecto original había sido aprobado por unanimidad en Diputados en julio. Tras meses de demoras, el Senado lo trató y le hizo modificaciones. Entre ellas, extendió el plazo de la suspensión de los procesos hasta el 30 de junio -en un inicio se fijaba el 31 de marzo como tope- y estableció que no quedarán incluidas en este beneficio las empresas que entraron en concurso o quiebra antes del 20 de marzo, fecha en la que se declaró el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO).

​Ese último punto había sido solicitado por el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, que envió una carta al Congreso y citó el caso Vicentin. “Los deudores que apelaron en sede judicial su concurso ante del 20 lo hicieron por circunstancias ajenas a la pandemia. Entre ellos, y en lo que afecta especialmente al Banco de la Nación Argentina y por vía directa al Estado Nacional (…) se encuentra la sociedad Vicentin S.A que solicitó el concurso de acreedores el 10 de febrero de 2020”, señaló.

El foco de la discusión en el recinto, giró sobre ese cambio. Juntos por el Cambio lo rechazó y pidió votar el proyecto tal como vino de Diputados.

“Los que piden mantener el texto original piden suspender la seguridad jurídica y no aplicar la ley de quiebras, solamente por los efectos del gobierno de (Mauricio) Macri. Nosotros decimos que sí vamos a atender la situación de las empresas pero únicamente por esta situación inédita del Covid 19”, afirmó Parrilli.

La iniciativa también excluye a las empresas que hicieron giros o transferencias al exterior, o acciones con países “no cooperantes” o de baja tributación.

“Algunos dicen que queremos dejar afuera a determinadas compañías. No es así. Hay una vieja quiebra del Correo Argentino, y dicen que es para dejarlos afuera a ellos… Bueno no sé si pasan estos filtro, al igual que otra cerealera importante de Santa Fe”, insistió Parrilli, en alusión a Vicentin.

La oposición lo cruzó. “Esta tara ideológica impide salvar a miles de empresas porque los concursos acordados previamente no contemplaban una pandemia y hoy se les hace imposible cumplir los pagos”, apuntó Esteban Bullrich (PRO) y agregó: “Si les duelen tanto algunas empresas, pónganle nombre y apellido, pero no afectemos a miles porque a ustedes les molestan esas dos”.​

“Vamos a castigar empresas por el pecado de haber caído en falencia en un gobierno diferente. Qué paradójico el kirchnerismo ahora del lado de los bancos”, se quejó el presidente del interbloque Federal, Juan Carlos Romero, quien pidió que los diputados rechacen los cambios del Senado.

“Es un error porque no golpea a Vicentin, esto golpea a las Pymes”, afirmó el jefe de la bancada de JxC Luis Naidenoff. “Ahora están preocupados por las empresas que ellos fundieron” retrucó su par del Frente de Todos, José Mayans.

A pesar de los cruces sobre el final, la sesión transcurrió en un clima de calma que hace meses no se registraba en el Senado. Esta fue la primera sesión del año que se llevó a cabo previo acuerdo de temas en reunión de Labor Parlamentaria.

Hoy da gusto transitar esta sesión por el trabajo que han hecho los presidentes de bloque”, celebró el radical Julio Cobos.

Durante la sesión se aprobó también un proyecto para regular la telemedicina y uno para que evitar que Bomberos Voluntarios sufran cortes de servicios, entre otros temas.

Las claves del proyecto

– El proyecto declara, hasta el 30 de junio de 2021, la emergencia de los sujetos comprendidos en concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales.

– Suspende esos procesos siempre y cuando se hayan iniciado a partir de la fecha en que el Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria -20 de marzo- como consecuencia del Covid 19.

-También quedan exceptuados los sujetos que, entre el período de sospecha (entre la fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra) y hasta dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, realicen alguna de estas operaciones: a) Giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento u otro motivos a accionistas, socios, integrantes o entidades vinculadas directa o indirectamente, y dichos fondos no hayan sido repatriados. b) Erogaciones a países categorizados como no cooperantes o de nula o baja tributación c) Adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera y sean transferidos en custodia al exterior; o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero. d) Constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período citado.

– Durante el plazo que dure la emergencia, se suspenderá el cómputo de plazos procesales.

-En cada proceso, “el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.

– En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

-Se suspenden “los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, co deudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.

– También se congelan “las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias”, al tiempo que se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios.

PDL