El militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra era asesinado hace diez años por una patota que respondía al entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quien pretendía silenciar una protesta de tercerizados de la línea Roca que reclamaban ser incorporados a planta permanente.
A través de la Unión Cooperativa Mercosur, cuyo titular era el propio Pedraza, el gremio administraba la contratación de trabajadores tercerizados con el aval de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que gerenciaba la línea que comienza en la Estación Constitución.
Los sueldos y las cargas sociales de los empleados contratados se pagaban con dinero aportado por la Secretaria de Transporte, y la cooperativa de Pedraza -al igual que otras empresas- cobraba un canon fijo por cada trabajador que declaraba.
Según pericias contables incorporadas en la causa que investigó el asesinato de Ferreyra, entre junio y diciembre de 2010, la cooperativa de Pedraza recibió gracias a este mecanismo 10 millones de pesos.
De esta forma, el gremio se había convertido en un patrón que demoraba el ingreso de trabajadores a planta permanente, porque sumar empleados contratados le resultaba redituable.
Los trabajadores tercerizados y despedidos de la línea Roca se organizaron y, junto con el apoyo de otras organizaciones sociales y políticas, decidieron llevar adelante un reclamo.
El 20 de octubre de 2010, los manifestantes salieron desde un local del Partido Obrero ubicado en Avellaneda, con la intención de cortar las vías cerca de la estación de esta localidad.
Advertidos de que un grupo de la Unión Ferroviaria encabezado por el dirigente Pablo Díaz se encontraba en el andén de la estación, los precarizados deciden cruzar el Riachuelo y trasladarse a Capital Federal con el propósito de hacer el corte en Barracas.
Después de cruzar por el puente Bosch, la columna fue atacada a piedrazos por un grupo de la Unión Ferroviaria, que impidió el corte de vías.
Los manifestantes se replegaron y se reunieron en la calle Luján, a 200 metros de donde fueron atacados, y allí realizaron una improvisada asamblea en la que descartaron la posibilidad del corte y analizaron la alternativa de llevar a cabo un acto en Constitución.
Mientras se desarrollaba la discusión entre los trabajadores, efectivos a bordo de dos móviles pertenecientes a la Comisaria 30 de la Policía Federal observaban los manifestantes.
Los precarizados resolvieron convocar para el día siguiente a una nueva reunión en la que evaluarían los pasos a seguir, y cuando se retiraban por la calle Luján en dirección a Díaz Vélez son interceptados por un grupo ligado a la Unión Ferroviaria encabezado por Cristian Favale, un barrabrava de Defensa y Justicia reclutado por la gente de Pedraza.
Luego de agredir a un equipo de la señal televisiva C5N, los atacantes comienzan a disparar sobre las columnas de manifestantes, ante la inacción de los efectivos policiales.
Mariano es herido de muerte y los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos son alcanzados por proyectiles que salen de armas que empuñan Favale y otro matón llamado Gabriel Sánchez.
Los militantes paran una ambulancia que transita por el lugar y logran trasladar a los heridos al Hospital Cosme Argerich, donde Mariano -de 23 años, estudiante de Historia, dirigente de la FUBA y tornero- muere como consecuencia de las heridas recibidas en esa emboscada.
Pedraza y su lugarteniente en el gremio, Juan Carlos Fernández, no estuvieron en el lugar de los hechos, pero ese día se comunicaron varias veces con Díaz, quien a su vez lo hizo con Favale, Sánchez y Claudio Alcorcel, delegado y sindicado en la causa como reclutador de la patota que ejecutó la agresión.
Rastreos de llamadas documentadas en el expediente, establecieron que el jefe de la Unión Ferroviaria garantizó la defensa de Favale a través de un prestigioso estudio de abogados.
En febrero de 2011, Pedraza quedo detenido junto con Fernández, y el 6 de agosto de 2012, se inició un juicio oral y público que estuvo a cargo del Tribunal Oral 21 de la Ciudad de Buenos Aires.
La Justicia condenó, en abril del 2013 a 15 años a Pedraza y Fernández, como instigadores, en tanto que Favale y Sánchez fueron encontrados culpables de la autoría material de la muerte de Ferreyra, y recibieron una pena de 18 años.
El Tribunal presidido por el juez Horacio Días, sentenció también a Pablo Marcelo Díaz (18 años); Jorge Daniel González; Salvador Pipitó (11 años cada uno) y Claudio Alcorcel (8 años).
Durante el proceso se comprobó además la complicidad policial en el hecho, y, por ello, los comisarios de la Policía Federal Luis Mansilla y Jorge Ferreyra recibieron 10 años.
Al dirigirse al Tribunal en el cierre del debate, Pedraza miro a la madre de Ferreyra, Beatriz Rial, y con una expresión lacónica le dijo: “Señora, jamás promoví ni tuve nada que ver con la muerte de su hijo”.
En 2016, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su sentencia, sin embargo, por tener más de 70 años, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria y dejó el penal de Ezeiza donde se encontraba detenido.
Él estado de salud de Pedraza se agravó y en la noche del 22 de diciembre de 2018, el exlíder falleció en la clínica Agote de la Ciudad de Buenos Aires a los 75 años y tras permanecer más de un mes en estado de coma.
