El fiscal Carlos Stornelli solicitó este viernes la inhibición general de los bienes de los ex ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Transporte, Guillermo Dietrich, y del ex titular de Vialidad,
Javier Iguacel, en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.
“Habré de solicitar el dictado de medidas cautelares tendientes a asegurar el patrimonio del Estado Nacional, y a la vez evitar cualquier provecho del ilícito investigado por parte de quienes resultaren beneficiados con su producto, disponiéndose, conforme artículo 518, último párrafo, del Código Procesal Penal,el embargo preventivo sobre los imputados mencionados, como así sobre las personas de existencia ideal Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A.”, planteó Stornelli.
El fiscal le elevó su requerimiento a la juez María Eugenia Capuchetti, quien quedó al frente de la investigación luego de que Julián Ercolini se excusara de seguir como subrogante en el juzgado que quedó vacante tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral.
En la causa están imputados Dietrich, Dujovne, Iguacel, y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, quienes se encontraban procesados hasta mediados de septiembre, cuando la Cámara Federal porteña anuló esa situación y les dictó la falta de mérito.
El mes pasado, cuando todavía la causa estaba en manos de Ercolini, se aceptaron como querellantes a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La Justicia trata de determinar si existieron maniobras mediante las cuales las empresas Autopistas del Sol y Grupo Concesionario Oeste S.A. habrían logrado la prolongación de la concesión de los peajes de dos accesos viales a Buenos Aires hasta 2030 sin pasar por un previo proceso licitatorio y garantizándose supuestamente que el Estado les reconociera deudas millonarias.
Antes de jubilarse, Canicoba Corral planteó en uno de sus escritos que las pruebas colectadas son suficientes para sospechar “que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso”.
PJB
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