Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tenían este fin de semana proyectos de voto propios redactados y en los próximos días intentarán consensuar un voto mayoritario
sobre el pedido de tres jueces para que se revise la revocatoria de sus traslados decidida por la mayoría K del Senado y el Consejo de la Magistratura.
Pese al hermetismo, fuentes judiciales distintas informaron a Clarín que “dos ministros”, a casi 15 días de que el máximo tribunal aceptara el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, plantearon que esta semana se intercambien proyectos y se busque consensos para votar.
Se trata de un voto histórico. Bruglia y Bertuzzi integran la estratégica Cámara Federal porteña que confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que recaudó más de 100 millones de dólares en coimas a través del ex secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, tal como quedó probado en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Y Castelli integra el Tribunal Oral Federal 8 que debe juzgarla en esa causa. Tal como adelantó Clarín el 18 de julio pasado, al revelar otra de diez jugadas de Cristina par desarticular tribunales que la juzgan.
Una de esas fuentes dijo que “hasta hoy (sábado) no hay una mayoría de tres votos y hay mucha desconfianza de intercambiarlos por miedo a que los proyectos se filtren”. Tres es el número necesario para emitir un fallo. Además, desde el sábado pasado, los ministros tienen el dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, favorable a los jueces y el del Gobierno, pidiendo en cambio que se confirmen el retorno de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, a los tribunales orales donde se desempeñaban hasta el 2018.
Los ministros saben que se trata del fallo políticamente más sensible de este año. La Corte ya rechazó un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de validar las sesiones digitales del Senado (aquel que se iba a escribir “con sangre o razones”, según su asesora Graciana Peñafort) y si votan a favor de los jueces, aumentará la tensión con el gobierno de Alberto Fernández. Además, tienen también pendiente un pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de la coparticipación impositiva de la CABA.
La tensión aumentó más cuando la diputada cristinista Vanesa Siley pidió la semana pasada su pedido de juicio político del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al día siguiente su colega ultra K Leopoldo Moreau amplió los cuestionamientos a todos los miembros del máximo tribunal, aunque el Gobierno hizo trascender que tomaba distancia de esas jugadas.
Luego, organismos de derechos humanos alineados con Cristina Kirchner boicotearon una reunión con Rosenkrantz para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad. Y esta semana, la Corte le envió una nota a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en la que declinó la posibilidad de implementar una capacitación en cuestiones de género que plantea la Ley Micaela porque ya las hace por si misma desde hace años bajo el paraguas de Elena Highton.
La Corte se reúne en plenario los martes y jueves pero ahora con la firma digital, si llegan a un consenso, podrían votar cualquier día. “Sacan el token y listo”, sintetizó otra fuente.
El sábado pasado, Casal usó como argumento central de su dictamen el hecho de que el Consejo de la Magistratura revisó estos traslados de 2018 en base al reglamento de 2019 y destacó “el principio de irretroactividad” por el que no se puede aplicar ese conjunto de normas para atrás. Además, Casal dijo que la mayoría K de Magistratura, cuando votó la revisión el 10 de julio pasado, “violó el principio de legalidad, debido a que, de esta manera, desconoció sus propios actos dictados de conformidad con sus propias normas, con grave afectación a la inamovilidad de los jueces en los cargos que estaban desempeñando”. Es decir, una Magistratura con mayoría macrista votó a favor y dos años después el mismo organismo con mayoría K, votó en contra.
En rigor, los tres jueces se encuentran en una suerte de limbo jurídico ya tienen una licencia extraordinaria por 30 días dictada el 30 de septiembre. Es decir, no van a sus trabajos en la Cámara Federal y el TOF 7 pero tampoco se dan por retrasladados.
El Consejo, que en julio de este año inició el proceso de revisión de todos los traslados efectuados desde 1998 al presente. El presidente del cuerpo, el juez civil Alberto Lugones -alineado con los K- dijo que para los tres jueces del conflicto “no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables”. Los K eligieron diez jueces, pero en realidad son 65 en total los que fueron traslados de esta forma desde 1983 hasta este momento.
En la Corte no se anticipan los votos que definirán el conflicto pero sí se puede tener pistas leyendo el per saltum entrelíneas. Por ejemplo, Rosenkrantz escribió: “la cuestión a decidir no se reduce únicamente a si un determinado traslado de jueces resulta constitucionalmente válido o no. Si así fuera, sería muy dudoso que se justificase la intervención de esta Corte saltando las instancias normales de decisión”. “Por el contrario, y más fundamentalmente, esta causa también versa acerca de la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo por el cual un importante de número de jueces, quienes cuentan con acuerdo del Senado, han sido designados en diversos tribunales”, concluyó.
Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay coincidió con que ya se agotaron los “tiempos” de la Corte para votar. Dijo que en este caso “hay un hermetismo como nunca. Me parece que los tiempos ya están más que sobrados. Van a ser tres semanas desde que se hizo lugar excepcionalmente y con fundamentos muy fuertes al per saltum”. “Creo que ya es tiempo suficiente sobre todo en un momento tan complicado para la República y donde cuesta tanto que se cumpla con la ley, que el tribunal supremo de la nación pueda claramente demostrar quién tiene la última palabra daría una gran seguridad jurídica a la Argentina”. “La Corte en dos acordadas, la 4 y la 7 del 2018, planteó los estándares para este tipo de situaciones. Expresó que cuando se trata de jueces del mismo grado, jurisdicción y competencia el traslado no requiere un nuevo acuerdo del Senado”, agregó Sabsay. El miembro de la agrupación Profesores Republicanos dijo que “sería interesante que esto quede como un criterio extensivo a todas las situaciones semejantes o idénticas como lo que pasó con esos casi 65 jueces. Daría seguridad. De lo contrario, pareciera que el principio de la inmovilidad de los jueces y del juez natural, quedan absolutamente supeditados a la decisión de la autoridad política de turno que decide con que jueces se queda o cuáles desecha”.
La acordada 4 del 2018 la suscribieron todos con la disidencia parcial de Rosenkrantz y Elena Highton y la acordada 7 la firmaron solo Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Esta última dice textualmente ante una consulta del entonces ministro de Justicia, German Garavano, sobre el traslado de Bruglia. “En tales situaciones cabe concluir que no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del artículo 99, inc.4° (es decir, otro acuerdo del Senado), de la Constitución nacional. Idéntico criterio corresponde aplicar con relación al supuesto de traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo, a que hace referencia el mismo solicitante”.
A su vez, el diputado de Juntos por el Cambio y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, negó que si la Corte revoca la revisión de los traslados, el Gobierno podrá emplazar jueces donde quiera como afirmó el presidente Alberto Fernández. “A partir de la aprobación del nuevo reglamento de la Magistratura de octubre de 2019 el candidato tiene que tener los dos tercios de los votos del pleno de la Magistratura y un nuevo acuerdo del Senado”, explicó Tonelli. Los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli son anteriores a ese nuevo reglamento de 2019. Mientras tanto en la Magistratura están suspendidas las negociaciones por la constitución de ternas de jueces, a la espera de esta decisión trascendental de la Corte sobre este caso.
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