Por el traslado de 18 presos desde distintos penales a la Unidad 6 de Rawson, sin aviso previo y en condiciones de salud y sanitaria “deplorables”, dos funcionarios del Servicio Penitenciario
Federal serán indagados por la Justicia.
Así lo confirmó el fiscal federal de Rawson Fernando Gélvez, a cargo de las investigaciones desde el mes de agosto cuando los presos fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Chubut sin mantener la distancia y sin haberlos hisopados antes de emprender el viaje”. Una vez que llegaron 11 de ellos dieron positivos de Covid y debieron ser aislados fuera de la Unidad penitenciarios de máxima seguridad.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales el viaje fue de “17 horas y representó una verdadera invitación al contagio”. Unos 18 presos tomando agua del pico del mismo bidón de 5 litros, sin hisopados previos, algunos con graves patologías preexistentes. Comieron unos pocos sandwiches y se sentaron sin distancia alguna, esposados hasta llegar a la Unidad 6 de Rawson. Para sus necesidades tenían una botella. Ni hablar de barbijos, alcohol en gel o ropa especial. Los custodiaron 11 penitenciarios y 4 agentes de la División Canes.
El periplo se identificó como “Traslado 136”. En el vehículo había hasta bolsas con orín y materia fecal de otros viajes, según consta en el expediente tras la investigación de Gélvez.
Por esta situación serán indagados Juan Carlos Lafuente, director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal y el prefecto Néstor Fabián Alvarez, director de la Unidad 6. Ambos son responsables de un operativo que terminaron con 10 internos contagiados con Covid.“Fue un viaje de alta peligrosidad y posibilidad de contagios”, le dijo Gélvez a Clarín.
El fiscal Fernando Gélvez y un informe lapidario sobre el traslado de presos a Rawson./Jornada.
Según el fiscal federal tanto Lafuente como Álvarez “no respetaron ningún decreto nacional ni provincial.El episodio se produjo en agosto. Aún no estallaban los casos y Chubut transitaba el Distanciamiento Social. Los grandes focos de contagio del país estaban, por ejemplo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Precisamente, el origen del micro. El traslado de una zona a otra se produjo “fuera de toda lógica y razonabilidad”, expresó el fiscal .
El micro llegó del domingo 2 de agosto. Eran 7 presos del Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza) y 11 del Complejo Penitenciario Federal 11 (Marcos Paz).Varios eran grupos de riesgo. Su traslado fue una orden que firmó Lafuente. Recién en la entrada al penal el micro fue desinfectado. El médico que los revisó antes del ingreso detectó tos en un preso.Al día siguiente alertó al Ministerio de Salud y el 5 se tomaron las muestras. El día 6 se tuvieron los 9 resultados positivos de un laboratorio de Trelew. Los aislaron en una capilla acondicionada.
Con los días se contagió una décima persona del grupo. La llegada, sin aviso previo, provocó la reacción del intendente de Rawson, Damián Biss, quien expresó su malestar al prefecto Álvarez, pero nunca recibió una respuesta.
El itinerario del micro Mercedes Benz había sido: Capital Federal-Ezeiza-Marcos Paz-Rawson-Santa Rosa-Capital Federal. “Fueron condiciones insalubres, totalmente violatorias de todo protocolo y la dignidad de las personas.A los 18 detenidos se los expuso innecesariamente a situaciones que acrecentaron las posibilidades de contagio, en condiciones paupérrimas. Se los colocó deliberadamente en una situación de desamparo y fragilidad ”, dice el informe del fiscal.
Hay tres testimonios clave de presos que sufren enfermedades como EPOC, problemas pulmonares, sífilis, fumadores, problemas gastrointestinales y otras afecciones que los convierten en pacientes de alto riesgo. Para el fiscal, “nada de estos graves problemas fue tenido en cuenta”.El fiscal concluyó que varios viajaron ya contagiados. Según un informe médico de la causa, “de manera epidemiológica no existe duda alguna de que el contagio de los internos debió producirse al menos 6 a 7 días antes de su arribo. No quita que los errores cometidos en el traslado pusieran en riesgo a las personas restantes”.
En cuanto a Álvarez, como máximo responsable de la U-6 “no debió permitir que en las condiciones que viajaron sean recibidos por los agentes y funcionarios que prestaron servicio en esos días”. De la manera en que lo hizo expuso a un riesgo a todos. Hasta el médico que los revisó luego tuvo síntomas y fue hisopado. Lo ideal hubiera sido pedir la intervención del Ministerio de Salud. “Más específicamente el Centro de Monitoreo de Covid que opera en el Hospital, a escasas dos cuadras del penal de Rawson para que utilizaran los protocolos respecto de todos los que viajaron”.
El traslado no se informó ni a Salud ni al Ministerio de Seguridad ni a la Municipalidad. A Lafuente y Alvarez se les imputa los artículos 248, 202 y 205 del Código Penal. En síntesis: no respetar los decretos que estaban vigentes y permitir que una enfermedad peligrosa se propague.
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