La paz regresó a la Cordillera. Fueron 5 días de gran tensión en los que se registraron ocupaciones, cortes de rutas y ataques a comisarías por parte de militantes mapuches. En
la provincia de Río Negro los funcionarios respiran aliviados por estas horas, pero prefieren no hacer proyecciones sobre el futuro inmediato. Hay coincidencia en que esta “Paz Mapuche” puede quebrarse en cualquier momento.
Las agresiones sufridas el lunes por la gobernadora Arabela Carreras en Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, dejaron preocupados al núcleo de su gobierno. Carreras intentó dialogar con los militantes de la lof Lafken Winkul Mapu que mantenían cortada la ruta 40 en reclamo por el desalojo que en ese mismos momento se llevaba a cabo en El Foyel, a 50 kilómetros de allí. La lof ocupa un predio en la villa desde 2017 y han protagonizado más 110 ataques de todo tipo a funcionarios, policías, vecinos y propiedades.
La gobernadora esperaba destrabar con su presencia el corte que demoraba el tránsito de decenas de autos varados. A cambio, Carreras recibió un torrente de violencia que se tradujo en insultos y en una brutal desautorización por parte de los encapuchados. “Señora, tómeselas, este territorio es mapuche. ¿Quieren venir a matarnos? ¡No le tenemos miedo a los perros! ¡No, no, qué viene a hablar ahora! ¡Usted está loca! ¡Usted no es autoridad mía! ¡Mi machi y mi lonko son mi autoridad! ¡Nunca voy a creer en usted porque ustedes son winkas y yo soy mapuche y tengo sangre mapuche!”, grita desaforado un militante de Mascardi. El hecho quedó registrado en video. Atrás se la observa a la gobernadora vestida con una campera azul. “Tenemos que hablar, tenemos que hablar”, le dice Carreras sin lograr ser escuchada. Finalmente los mapuches optaron por retirarse de la ruta después de las 20.
“En definitiva, fue pacificadora mi presencia, pero no fue agradable lo que viví. Mi presencia ahí puso en evidencia lo que sufren los vecinos de Mascardi. Es lamentable tener que hacer esto, quisiéramos que se cumpla la ley y que nuestros vecinas y vecinos puedan ir a sus casas y dormir tranquilos”, indicó la gobernador a El Cordillerano.
Ayer lunes el juez federal Gustavo Zapata ordenó el desalojo de la ruta mediante el uso de la fuerza federal. Sin embargo, la acción del ministerio de Seguridad, conducido por Sabina Frederic, se demoró. La secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, confirmó que llegarán en las próximas horas al sector agentes de Gendarmería Nacional provenientes de La Pampa. Entre la toma de Mascardi y el puesto de los gendarmes hay unos 15 kilómetros, un hecho del que se han quejado los vecinos que sufren agresiones cotidianas.
Este martes, María Nahuel, madre de Betiana Colhuan, la machi que lidera la toma de Mascardi dejó un mensaje que permite avizorar el porvenir. “Dignamente reclamamos nuestro territorio y vamos a seguir luchando y digo a nuestros jóvenes que sigan reclamando lo que es de ellos, que nadie nos va a asustar ni correr de nuestra tierra. Vamos a seguir recuperando territorio”, indicó Nahuel durante una manifestación realizada hace unas horas en Bariloche. Nahuel es tía de Rafael Nahuel (22) quien falleció en un enfrentamiento entre los militantes y Prefectura Naval Argentina el 25 de noviembre de 2017.
Por otro lado, el desalojo del campo de El Foyel se desarrolló ayer sin hechos de violencia y no tuvieron que intervenir los más de 150 agentes de la policía y el grupo especial COER que integraban el operativo diseñado por la secretaría de Seguridad y las fiscalía de Bariloche y El Bolsón. Hubo cuatro detenidos, entre ellos Blanca Gallardo, el hijo de esta, Jairo Luengo, y el esposo de la mujer, Juan Pablo Oyarzo.
Del cuarto detenido no trascendieron sus datos. Todos se encuentran hoy martes ya en libertad. A su salida del lugar Gallardo, referente de la usurpación de las 400 hectáreas, aseguró a los medios locales que la esperaban que estaba “cansada” y “bien de salud”, descartando con esto cualquier tipo de maltrato durante su apresamiento.
Minutos después de su captura en el mismo territorio que ocupó junto a otras 50 personas, Gallardo fue conducida hasta la comisaría de El Bolsón. Desde la cuenta de Facebook de la lof Gallardo Calfú comenzaron a convocar a los vecinos y organizaciones indígenas para manifestarse afuera del edificio. Por la noche, desconocidos quemaron ramas afuera de la comisaría y pidieron por la liberación de la mujer y los otros detenidos.
En una nueva audiencia el juez de garantías Ricardo Calcagno imputó este lunes a Gallardo y a Oyarzo por el delito de usurpación. No hay otras personas comprometidas por la justicia al respecto. El delito es penado con 6 meses y hasta 3 años de prisión, de acuerdo al artículo 181 del Código Penal.
Este martes el campo apareció despejado y en calma, indicaron a Clarín los propietarios. “Hoy está todo muy tranquilo”, indicó Pablo Mayer, quien junto a su hermana Débora y el esposo de esta, Martín Soriani, soportaron el asedio mapuche sin poder salir a comprar alimentos, combustible o agua.
La APDH Seccional Bariloche emitió un comunicado asegurando que en el desalojo de El Foyel observan “ dos situaciones que demuestran clara voluntad política de atacar a dicha comunidad: la presión judicial y la falsa información”. Por otra parte, organizaciones y profesionales ligados a la comunidad mapuche hicieron correr un mensaje en redes donde se exige que el fiscal jefe de Bariloche, Martín Lozada, “deje de dictar la Cátedra Abierta de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Río Negro (Sede Bariloche)” por su participación como funcionario en el desalojo.
Los mapuches dejaron trascender diversas historias oscuras acerca de Miguel Soriani que no han podido ser confirmadas. Entre ellas que Soriani hizo firmar borracho a Félix Gallardo Calfú la venta del campo en 1980.
De acuerdo al abogado de los Soriani, Jorge Paolinelli, en 1969 Félix recibió los derechos de ocupación del terreno de manos de Aurora Reyes de Candia, integrante de los ocupantes del predio desde la década del 40. Gallardo Calfú era peón de la familia Candia y la cesión fue un obsequió en agradecimiento por sus labores. En 1980 el campo pasó legalmente a manos de Soriani mediante escritura pública. Blanca inició acciones legales en 2006 y la justicia se expidió a favor de los Soriani en 2013 y en 2014 donde se ratificó el primer fallo.
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